Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación (Secom), y tres exfuncionarios de la misma institución han solicitado a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la suspensión condicional de sus penas de cárcel, tras ser condenados por el delito de peculado. Alvarado enfrenta una pena de cinco años, mientras que sus coacusados, Pablo Yánez y Galo Pacheco, y el empresario Carlos Bravo, reciben penas de un año y ocho meses, y un año, respectivamente.
Los cuatro condenados han presentado sus peticiones individualmente, solicitando una audiencia para que los jueces analicen la posibilidad de suspender las penas impuestas. Esta solicitud llega después de que, el 18 de septiembre, el tribunal confirmara su culpabilidad y abriera la puerta para la apelación a la sentencia inicial de inocencia planteada por la Fiscalía y otras entidades estatales.
En el documento presentado, Alvarado menciona que, según el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), tiene derecho a pedir esta suspensión condicional de la pena, dado que cumple con los requisitos establecidos. Este artículo, antes de las reformas de 2023, permitía la suspensión de la pena privativa de libertad si se solicitaba en la misma audiencia o dentro de las 24 horas posteriores, siempre que la pena no excediera los cinco años y el sentenciado no tuviera procesos pendientes.
Por otro lado, el artículo 630 en su versión actual, tras las reformas de 2023, también permite la suspensión condicional dentro de un plazo de hasta 72 horas tras la sentencia. Sin embargo, las excepciones para esta suspensión incluyen delitos graves, como los de corrupción y violencia de género.
La defensa de Yánez, quien fue considerado cooperador eficaz, ha argumentado que su cliente cumple con los requisitos previos a la reforma y que no hay motivos para negar su solicitud. Lorena Grillo, abogada de Yánez, ha expresado su sorpresa por la declaración de culpabilidad, argumentando que las decisiones del tribunal podrían tener repercusiones graves para el Estado.
Diego Chimbo, defensor de Galo Pacheco, también ha enfatizado que solicitar la suspensión no implica admitir culpabilidad. Asegura que su cliente cumple con todos los criterios requeridos y que su historial social y familiar sugiere que no representa un peligro.
Este caso se remonta a 2018, cuando Alvarado fue acusado de incumplir normas legales en la contratación de personal y empresas, lo que derivó en su condena. Además, enfrenta un proceso penal por incumplimiento de decisiones de una autoridad competente, tras haber escapado del país hacia Venezuela después de haber retirado un grillete electrónico que le había sido impuesto como medida cautelar.
La espera por la decisión de la Corte Nacional de Justicia continúa, mientras los acusados mantienen la esperanza de que se les conceda la suspensión de sus penas y se reanude el debate sobre la aplicación de la ley en este controvertido caso de corrupción.
