La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por la correísta Pamela Aguirre, se convirtió en un escenario clave para la confrontación política en Ecuador durante el 2024. A lo largo del año, esta comisión actuó como una herramienta de presión contra el Ejecutivo, impulsando juicios políticos que buscaban cuestionar la gestión del presidente Daniel Noboa y su gabinete.
Desde enero de 2024, más de una docena de juicios políticos se han evacuado en medio de un ambiente de tensiones políticas y constitucionales. La oposición aprovechó la situación económica compleja que enfrentaba el país, con una deuda pública elevada, inflación y un creciente problema de inseguridad, para someter a ministros del gobierno de Noboa a intensas interpelaciones. Sin embargo, muchos de estos procesos terminaron siendo archivados o se cayeron por falta de pruebas sustanciales.
La fiscalización no solo se centró en funcionarios del gobierno de Noboa, sino que también alcanzó a actores de la justicia ecuatoriana. Desde el correísmo se impulsaron procesos en contra de miembros de la Fiscalía General y del Consejo de la Judicatura, con el fin de presionar al Ejecutivo y al sistema judicial. Entre los casos más relevantes, se encuentran la censura de varios exministros del gobierno de Guillermo Lasso, como Esteban Bernal (exministro de Inclusión Social), Fausto Murillo y Juan José Morillo (exvocales del Consejo de la Judicatura), además de Fernando Santos Alvite, Juan Zapata y Xavier Muñoz, entre otros.
Sin embargo, la Comisión también archivó procesos contra algunos funcionarios del gobierno de Lasso, como Sebastián Corral, exsecretario de Administración, y Andrea Montalvo, exministra de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos casos fueron desestimados debido a la retirada de firmas por parte de los interpelantes, quienes no lograron reunir el apoyo necesario para continuar con los juicios.
Adrián Castro, representante de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), considera que la Comisión de Fiscalización, bajo la dirección de Pamela Aguirre, busca principalmente debilitar al gobierno de Noboa. A pesar de la falta de pruebas sólidas, varios procesos fueron impulsados desde una perspectiva partidista, lo que afectó la objetividad de las investigaciones.
El correísmo, por su parte, se centró en temas como la crisis energética y el contrato de concesión del puerto de Manta, en Manabí. Además, se abordaron casos con un fuerte componente político, como las investigaciones en torno a los escándalos Metástasis, León de Troya y La Madrina. Sin embargo, en este proceso, también se protegió a figuras cercanas al correísmo, como Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, a pesar de estar vinculado a casos de corrupción y narcotráfico.
Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, señaló que en varios juicios políticos se presentaron acciones de protección y medidas cautelares, en un intento de frenar los procesos. Estos intentos de deslegitimar el trabajo de la Asamblea reflejan la resistencia de ciertos actores políticos y judiciales a la fiscalización, como ocurrió en los casos de Mónica Palencia, fiscal Salazar y el exconsejero Juan Esteban Guarderas.
Además de los juicios políticos, la Asamblea Nacional creó comisiones especiales para investigar casos de corrupción y malas prácticas en la administración pública. Estas comisiones, que cuentan con la capacidad de convocar a funcionarios y testigos, han sido un espacio donde los legisladores han aprovechado para lanzar acusaciones y promover investigaciones sobre posibles irregularidades.
En resumen, la Comisión de Fiscalización se posicionó como un actor clave en la dinámica política ecuatoriana de 2024. Su función no solo estuvo marcada por la investigación de funcionarios del gobierno de Noboa, sino también por la polarización política y las tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea, lo que refleja la complejidad del panorama político y judicial del país.
