Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Quito aclaró que no tiene intenciones de solicitar permiso para establecer una presencia militar permanente en Ecuador. La declaración se realizó tras la visita de la almirante Linda Lee Fagan, comandante de la Guardia Costera de EE. UU., quien estuvo en la capital ecuatoriana para fortalecer la colaboración bilateral en materia de seguridad.
Durante su visita, Fagan firmó un acta de compromiso para la entrega de dos patrulleros de 33,5 metros a la Armada ecuatoriana. Este evento contó con la presencia de la canciller Gabriela Sommerfeld Rosero y el comandante de la Armada, Jaime Vela. Es importante destacar que las embarcaciones no tendrán costo para Ecuador, aunque el país deberá asumir los gastos de reacondicionamiento y transporte.
En un comunicado oficial, la embajada resaltó: “Estados Unidos se enorgullece de apoyar la defensa y seguridad de Ecuador. Ampliamos nuestra cooperación a través de entrenamientos y operaciones conjuntas para enfrentar las amenazas transnacionales en el mar”. Esto incluye acuerdos firmados en 2023 que regulan las actividades de personal militar estadounidense en Ecuador, enfocándose en el entrenamiento y la entrega de recursos.
Además, en un esfuerzo por mejorar las capacidades operativas, el Comando Sur de EE. UU. donó un proyecto valorado en 1.5 millones de dólares para la construcción de un hangar destinado al mantenimiento de lanchas ribereñas. Este centro logístico se ubicará en la frontera norte de Ecuador.
La visita de la almirante Fagan coincide con la propuesta del presidente Daniel Noboa de reformar la Constitución en torno a la cooperación militar internacional. El proyecto busca modificar el artículo 5 de la Constitución para permitir bases militares extranjeras en el país. Noboa envió su solicitud a la Corte Constitucional el 16 de septiembre, buscando claridad sobre la vía legal para llevar a cabo la modificación.
El caso ha sido asignado al juez constitucional Enrique Herrería Bonet, quien elaborará un dictamen que será revisado por el pleno de la Corte en un plazo de aproximadamente 30 días. Durante este proceso, la Ley de Garantías Jurisdiccionales permite que organizaciones de la sociedad civil intervengan como amicus curiae, lo que podría influir en la decisión de los magistrados.
Una de estas intervenciones provino de la fundación Juristas en Acción y Victoria, que insta a los jueces a rechazar la propuesta de reforma, argumentando que vulneraría el derecho soberano de Ecuador a evitar injerencias extranjeras.
Por otro lado, la organización 1800Migrante, que representa a ecuatorianos en EE. UU., envió una carta a la Asamblea Nacional respaldando la reforma, pero sugiriendo que se considere la creación de un estatus de protección temporal (TPS) para los ecuatorianos en el extranjero. Williams Murillo Vera, representante de la organización, propuso que la duración de cualquier convenio militar coincida con la vigencia del TPS.
Con este panorama, Ecuador enfrenta un momento crucial en sus políticas de defensa y cooperación internacional, en un contexto de creciente interés por parte de Estados Unidos en la seguridad marítima y la lucha contra el crimen organizado.
