Una nueva controversia por la calidad del agua potable en Guayaquil ha reactivado la disputa entre el Gobierno nacional y el Municipio porteño, un enfrentamiento que combina denuncias ambientales, informes técnicos y acusaciones cruzadas.
El debate, que comenzó en marzo de 2025, volvió a encenderse en noviembre, luego de que el presidente Daniel Noboa y la ministra de Ambiente Inés Manzano advirtieran sobre una supuesta contaminación alarmante en el río Daule, fuente principal del suministro de agua para la ciudad.
El Ministerio de Ambiente sostuvo que “agua con caca, detergente y otras impurezas generan un nivel alarmante de contaminación en el río Daule”. Por su parte, el alcalde Aquiles Alvarez respondió con un mensaje público y acudió personalmente a los puntos señalados por el Gobierno, asegurando que las muestras fueron tomadas de canales de aguas lluvias, no de la red de agua potable.
A continuación, un resumen de los hechos y claves de este conflicto que mantiene divididas a las autoridades y genera incertidumbre entre los ciudadanos:
1. El origen de la disputa: muestreos e informes técnicos
El conflicto comenzó a mediados de marzo de 2025, cuando la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) detectó presuntas irregularidades en muestreos realizados en el norte y suroeste de Guayaquil, específicamente en Samanes 7 y el suburbio oeste. Los resultados mostraron valores fuera de norma en cloro residual y pH, lo que llevó al organismo a solicitar un plan correctivo al Municipio.
En abril, ARCA difundió los resultados públicamente, lo que desató la polémica. La empresa concesionaria Interagua negó los hallazgos y aseguró que el agua “cumple todas las normas nacionales e internacionales”. La compañía señaló que ejecuta 15 rutas de monitoreo dos veces al mes, realiza 95.000 ensayos anuales y verifica 59 parámetros contractuales, además de 15 parámetros del INEN y 16 de ARCA.
En junio, ARCA emitió un nuevo informe sobre la calidad del agua en Guayaquil, pero la empresa lo calificó como un “reinforme” y ratificó su cumplimiento con los estándares de potabilidad.
2. Declaraciones que encendieron la polémica
El conflicto escaló el 8 de noviembre de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa declaró que el agua de Guayaquil contenía “caca, detergente, aluminio, plomo y cobre”, asegurando que el nivel de aluminio era 25 veces superior a lo permitido, y que también se detectaron zinc, manganeso, cromo, nitritos y sulfuros.
La ministra Inés Manzano advirtió sobre los posibles impactos a la salud y al ecosistema, incluyendo la afectación a la pesca artesanal, el cangrejo y la concha en la zona del río Daule.
En respuesta, el alcalde Aquiles Alvarez publicó un video en el que bebe agua del grifo y sostiene que “no tiene caca, no tiene metales, no tiene coliformes”. Aseguró que las muestras citadas por el Gobierno provienen del canal de aguas lluvias de la futura planta de tratamiento Los Merinos, que aún no entra en operación.
El Municipio informó que se realizan más de 70.000 monitoreos al año y que el sistema de agua potable de Guayaquil cuenta con certificación INEN.
3. Los puntos del conflicto
- Validez de las muestras: El Gobierno asegura que los análisis revelan contaminantes en el agua distribuida en Guayaquil. El Municipio sostiene que las pruebas se realizaron en aguas lluvias o residuales, no en la red de distribución.
- Cumplimiento normativo: Interagua afirma que mantiene monitoreos constantes y cumple los estándares de calidad. Sin embargo, ARCA detectó desviaciones puntuales y pidió acciones correctivas.
- Riesgo sanitario: El Ejecutivo alerta sobre la presencia de coliformes fecales y metales pesados, mientras el Municipio y la concesionaria aseguran que no existe evidencia técnica de contaminación.
La disputa entre el Gobierno y el Municipio de Guayaquil refleja la falta de consenso sobre la transparencia en los análisis y la supervisión ambiental. Mientras el Ejecutivo insiste en que hay contaminación en el agua que llega a los hogares, las autoridades locales y la empresa concesionaria defienden la calidad del servicio con cifras y certificaciones.
La población, entretanto, espera que las investigaciones permitan esclarecer si el agua que llega a los hogares de Guayaquil es realmente segura para el consumo humano.
