Asamblea Nacional denunciará la inconstitucionalidad de la “ley antipillos” y acusa irregularidades en su promulgación
La Asamblea Nacional de Ecuador anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la «ley antipillos», oficialmente denominada Ley Económica Urgente para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos. Además, impulsará una denuncia penal contra el titular del Registro Oficial, responsable de su publicación.
El 27 de noviembre de 2024, la normativa propuesta por el presidente Daniel Noboa fue rechazada por 84 votos en el primer debate legislativo y archivada. Sin embargo, el Ejecutivo ordenó su publicación como decreto ley, argumentando que el Parlamento no cumplió con los procedimientos establecidos dentro del plazo de 30 días. Este martes, 10 de diciembre, la ley fue oficializada por el Registro Oficial.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, calificó la publicación de la ley como una acción inconstitucional. Según ella, la Corte Constitucional, encargada de velar por el respeto al marco legal, y el Registro Oficial han actuado como «instrumentos del Gobierno», permitiendo la implementación de una normativa que, en sus palabras, «afecta gravemente la economía de los ecuatorianos al imponer mayores cargas tributarias».
Veloz enfatizó que la Asamblea cumplió con su deber legislativo al analizar, rechazar y archivar la propuesta, y que la decisión del Ejecutivo de oficializarla mediante decreto va en contra del orden jurídico establecido. Por este motivo, la Asamblea presentará acciones legales contra el titular del Registro Oficial por permitir su publicación.
El Registro Oficial, por su parte, afirmó que su rol es estrictamente administrativo y no incluye la resolución de controversias legales relacionadas con las normativas que publica.
El régimen, en defensa de su decisión, argumenta que el Parlamento no cumplió con los procedimientos establecidos, alegando que el archivo en un solo debate contravino el requisito de dos debates legislativos. Este punto será clave en la discusión legal que se avecina.
Mientras tanto, el conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo plantea nuevas tensiones en el panorama político, con la Asamblea Nacional decidida a llevar su caso hasta las últimas instancias judiciales.
