Registro Oficial aclara su rol tras la publicación de la controvertida «ley antipillos»
El Registro Oficial ha explicado su papel tras la polémica publicación de la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, conocida como «ley antipillos», que fue archivada previamente por la Asamblea Nacional. En un comunicado emitido este martes, el organismo subrayó que su función se limita a publicar disposiciones legales, sin intervenir en cuestiones de legalidad o constitucionalidad.
El 27 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional negó y archivó la propuesta en su primer debate con 84 votos a favor del archivo. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa optó por promulgarla como decreto ley, enviándola para su publicación al Registro Oficial la noche del 9 de diciembre. Pese a la solicitud del Legislativo de abstenerse de publicarla, el documento fue oficializado al mediodía del 10 de diciembre en el Quinto Suplemento 700.
El Registro Oficial destacó en su declaración que es un «periódico del Estado ecuatoriano» encargado de comunicar a la ciudadanía las leyes y normativas que entran en vigor. «No es un órgano dirimente ni realiza controles de legalidad o de constitucionalidad», afirmó, precisando que su única revisión es de tipo editorial, verificando que los documentos sean legibles, completos y firmados por las autoridades competentes.
La institución también recordó su autonomía administrativa y presupuestaria, conforme a la disposición transitoria quinta de la Constitución y la décima segunda de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, hasta convertirse en una empresa pública del Estado.
Este conflicto pone de manifiesto las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a una ley que, según el Gobierno, busca combatir el lavado de activos y mejorar la recaudación fiscal, pero que fue rechazada por la Asamblea al considerarla inconsistente con los procedimientos legales.
