Las leyes de Transparencia Social y de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia continúan siendo objeto de múltiples demandas de inconstitucionalidad en Ecuador. En las últimas semanas, la Corte Constitucional (CC) ha recibido casi una veintena de recursos que buscan dejar sin efecto ciertos artículos de estas normativas, argumentando que vulneran derechos constitucionales.
La más reciente acción fue presentada el 5 de noviembre de 2025 por la Federación de Barrios de Quito, dirigida en contra de la Ley de Transparencia Social, que regula a las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Hasta la fecha, la CC ha recibido un total de seis demandas contra esta ley, impulsadas por abogados y organizaciones como:
- Carlos Hernán Heredia Fiallo
- Marlon Vargas Santi, presidente de la Conaie
- Trece colectivos de mujeres, derechos humanos y periodistas
- Alianza por los Derechos Humanos
- Acción Ecológica
- Federación de Barrios de Quito
Por otro lado, la Ley de Fortalecimiento Crediticio, que modifica aspectos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), ha recibido once demandas de organizaciones y actores como:
- Inredh (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos)
- Patricia Elizabeth Borja Laverde, abogada
- Unión Nacional de Educadores (UNE)
- Frente Nacional por un nuevo IESS
- Asambleístas de la Revolución Ciudadana
- Partido Socialista Ecuatoriano
- Coordinadoras de seguridad social del Guayas
- Cedocut y FUT, entre otros
En total, 17 acciones de inconstitucionalidad se han presentado contra estas leyes y han sido asignadas a distintos jueces constitucionales. Sin embargo, la CC aún no ha emitido pronunciamiento sobre su admisión o rechazo a trámite.
Los demandantes argumentan que ciertos artículos vulneran derechos fundamentales. En el caso de la Ley de Transparencia Social, aprobada por la Asamblea Nacional el 26 de agosto con 78 votos, se cuestiona la vigilancia, auditoría, intervención y supervisión de las organizaciones sociales sin fines de lucro, además de apelaciones por su carácter económico-urgente y la unidad de materia.
Por su parte, la Ley de Fortalecimiento Crediticio, aprobada el 26 de septiembre con 77 votos, enfrenta cuestionamientos por permitir al Biess realizar operaciones de reporto, gestionar créditos con entidades nacionales y extranjeras, y vender cartera vencida, incluyendo créditos hipotecarios, prendarios o quirografarios, según la normativa vigente.
Además, la Corte Constitucional mantiene pendientes otras demandas, como las presentadas contra la Ley de Inteligencia, con cuatro acciones aún sin resolución tras la audiencia de inconstitucionalidad del 1 de septiembre, y contra la Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, con cuatro impugnaciones, de las cuales dos ya fueron admitidas a trámite.
El desarrollo de estas acciones legales refleja la tensión entre las leyes recientemente aprobadas y el interés de distintos sectores en resguardar derechos constitucionales, manteniendo la atención pública sobre la interpretación que la Corte Constitucional dará a estas normativas.
