El 1 de abril de 2025, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional decidió archivar el proyecto de la Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa. Con nueve votos a favor, la comisión optó por no seguir adelante con el debate y estudio de la propuesta legislativa, marcando un giro importante en la discusión sobre la libertad religiosa en el país.
La sesión 118 de la Comisión estuvo centrada en la revisión del informe para el primer debate del proyecto de ley, el cual recomendaba archivar el documento debido a varios argumentos legales y constitucionales presentados por los legisladores. Tras la lectura de esta recomendación, el legislador José Maldonado, de la Revolución Ciudadana (RC), propuso la aprobación del informe para continuar con el debate, lo que abrió la puerta a una serie de intervenciones de los otros miembros de la comisión.
Motivos del archivo: Contradicción con la Constitución y el régimen tributario
Uno de los puntos clave que llevó al archivo de la ley fue la preocupación de que la propuesta vulneraba el artículo 135 de la Constitución, según el cual cualquier exoneración tributaria debe ser aprobada por el Ejecutivo, no por la Asamblea Nacional. El asambleísta Paúl Buestán, de la bancada de Construye, argumentó que la ley contrariaba el Régimen Tributario del país, al intentar otorgar exoneraciones fiscales a organizaciones religiosas, una facultad que corresponde exclusivamente al poder ejecutivo, no al legislativo.
Buestán añadió que, debido a esta inconformidad con el marco constitucional y la normativa vigente sobre impuestos, el proyecto no podía ser aprobado ni avanzar en el proceso legislativo. De esta manera, la propuesta fue considerada inviable en el contexto actual, y la comisión decidió archivar el proyecto por unanimidad.
El debate sobre la libertad religiosa en Ecuador: Diversas posturas
El proyecto de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa fue propuesto con la intención de garantizar un marco legal que protegiera la libertad religiosa y promoviera la igualdad de todas las confesiones en el país. Sin embargo, la propuesta generó controversia entre los diferentes sectores políticos y religiosos del país.
Algunos sectores religiosos consideraban que la ley era un paso importante para asegurar un mayor reconocimiento y apoyo estatal a las iglesias y organizaciones religiosas, mientras que otros la veían como una medida innecesaria y potencialmente peligrosa para el sistema constitucional y tributario ecuatoriano. A lo largo del debate, varios asambleístas expresaron preocupaciones sobre cómo la ley podría abrir la puerta a exoneraciones fiscales o la creación de un tratamiento preferencial para ciertos grupos religiosos, lo que podría generar un conflicto con los principios de igualdad y laicidad establecidos en la Constitución.
Reacciones a la decisión de la Comisión de Garantías Constitucionales
Tras el archivo del proyecto, varias reacciones se generaron en el ámbito político y religioso. Los legisladores que apoyaban la ley lamentaron la decisión, argumentando que la libertad religiosa y el derecho a la igualdad entre las diversas confesiones era un tema pendiente de resolución en el país. Sin embargo, otros consideraron que la decisión de la Comisión era una respuesta responsable frente a los problemas legales que presentaba el proyecto y al riesgo de generar precedentes que pudieran afectar el sistema tributario ecuatoriano.
Por su parte, los grupos religiosos que habían impulsado la iniciativa se mostraron sorprendidos, pero prometieron seguir luchando por una legislación que garantice la libertad de culto y la equidad para todas las religiones. La comunidad religiosa sigue considerando que la ley es necesaria para evitar discriminaciones y garantizar un trato justo a todas las organizaciones religiosas en Ecuador.
