Verónica Abad, actual vicepresidenta de Ecuador, ha sido sancionada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que le ha impuesto una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años. Esta decisión se deriva de una denuncia por violencia política de género presentada por la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld Rosero. La sentencia, que ya ha alcanzado la última instancia legal, confirma la responsabilidad de Abad en los hechos señalados, y está a punto de ejecutarse de manera definitiva, probablemente la próxima semana.
El Tribunal, compuesto por cinco jueces, votó en su mayoría para mantener la sanción, con tres votos afirmativos y dos votos en contra. La medida se produce después de que se negara el recurso de apelación presentado por la vicepresidenta, quien intentó revertir la decisión inicial que la declaró culpable de violencia política de género.
En el proceso judicial, que se originó a raíz de la denuncia de Sommerfeld, se cuestionaron varias acciones de la vicepresidenta que fueron consideradas como una violación de los derechos políticos y de género de la ministra. El Tribunal determinó que las conductas de Abad constituyeron violencia política de género, un delito que ha sido severamente penalizado en el país en los últimos años.
Con la sentencia confirmada, la única opción disponible para las partes involucradas es presentar recursos horizontales, como de aclaración o ampliación, pero estos no afectan el fondo de la decisión. Por lo tanto, una vez que la sanción esté en firme, será de cumplimiento obligatorio para la vicepresidenta, lo que significa que no podrá ocupar ningún cargo en el gobierno ecuatoriano durante los próximos dos años.
Este fallo ha generado un amplio debate en el país sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y las consecuencias de los actos de violencia política de género en el ámbito político. A medida que la sentencia se formalice, se espera que tenga un impacto considerable en la imagen pública de Abad, además de enviar un mensaje claro sobre la seriedad con la que el sistema judicial ecuatoriano está tratando estos casos.
