La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional decidió archivar el informe de fiscalización al concurso de méritos y oposición que permitió la designación de Mauricio Torres Maldonado como contralor general del Estado. La resolución se adoptó este 30 de abril de 2025, con seis votos a favor, en el tercer intento de votación del informe, elaborado por la mesa desde el 25 de marzo de 2024.
La moción para archivar el documento fue presentada por la legisladora Lucía Posso (Avanza), quien justificó la decisión argumentando que se trataba de un tema con un “decaimiento del objeto”, ya que el proceso se remonta al año 2021 y ha sido modificado por resoluciones judiciales. Además, recordó que Mauricio Torres fue posesionado como contralor en noviembre de 2023 por la misma Asamblea, por lo que continuar con el proceso carece de sentido práctico y legal.
Durante la sesión, Gisella Garzón (Revolución Ciudadana) defendió la aprobación del informe, señalando que este no cuestiona la gestión actual de Torres, sino las irregularidades detectadas durante el concurso que lo eligió. Según Garzón, el proceso de selección presentó múltiples fallos tanto por parte de la Comisión Ciudadana de Selección como del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
“El informe evidencia fallas estructurales y omisiones en la evaluación de méritos, que no pueden simplemente dejarse de lado por conveniencia política”, afirmó Garzón. Cuestionó además la falta de coherencia en los discursos políticos sobre la transparencia institucional: “Cuando se trata de fiscalizar con pruebas, muchos prefieren mirar a otro lado”.
Entre los votos a favor del archivo estuvieron Jorge Chamba (ADN), Lucía Posso (Avanza), Esperanza Moreta (PSC), Mónica Salazar (ex-RC), Carmen Tiupul y Mariana Yumbay (Pachakutik). En contra se pronunciaron Garzón, Franklin Samaniego y Patricio Chávez (RC), presidente de la comisión.
El informe preliminar documentaba una serie de irregularidades durante el proceso de selección, entre ellas la falta de valoración adecuada de méritos y experiencia de los postulantes, así como cuestionamientos específicos a Torres, quien se había desempeñado como consejero suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), condición que según algunos expertos jurídicos lo inhabilitaba para participar.
Asimismo, se mencionan dentro del expediente varias acciones de protección judicial, que intervinieron en el desarrollo del concurso, junto con denuncias de expostulantes sobre la violación del instructivo vigente para la selección de autoridades mediante comisiones ciudadanas.
Con el archivo del informe, el Legislativo cierra un capítulo que ha estado bajo la lupa durante año y medio, sin que se haya tomado ninguna acción concreta pese a los indicios presentados.
