Guayaquil, Ecuador – La decisión de la Asamblea Nacional de archivar el proyecto de Ley de Protección de los Derechos de los Animales ha encendido las alarmas en los gremios y asociaciones de la cadena de producción. Estos sectores no solo lamentan la medida, sino que están analizando un posible incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional y serias violaciones del procedimiento parlamentario en el proceso que llevó al descarte de la iniciativa.
El pasado 10 de junio de 2025, la Asamblea Nacional, con un total de 143 votos, decidió archivar el proyecto de ley que tenía como objetivo principal la protección y bienestar animal. Lo relevante de este proyecto es que no nació de la iniciativa de un legislador cualquiera, sino que fue una respuesta directa a una sentencia de la Corte Constitucional (CC) del año 2022. En esa sentencia, la máxima instancia judicial del país había sido muy clara: dispuso a la Defensoría del Pueblo la elaboración de un proyecto de ley y, fundamentalmente, a la Asamblea Nacional la obligación de aprobar esa ley en un plazo máximo de dos años.
Esta cronología es clave. Si la Corte Constitucional estableció un mandato perentorio de dos años para la aprobación de la ley, y la Asamblea la ha archivado, surge la duda de si esta acción configura un incumplimiento del fallo judicial. Para los sectores productivos, la situación es doblemente preocupante. Por un lado, ellos mismos habían estado pidiendo la aprobación de la ley, argumentando que la propuesta en discusión sí lograba un equilibrio entre el bienestar animal y las necesidades de la producción, e incluso cumplía con los principios de la sentencia de la CC. Por otro lado, ven en el archivo una posible falta de acatamiento a un dictamen constitucional.
Avelina Ponce, asesora legal de los centros agrícolas y productores, ha sido una de las voces que ha expresado la inquietud del sector. Ponce señaló que los gremios están analizando detenidamente la situación tras el archivo del proyecto. Un punto de particular atención es la consulta que el Parlamento podría hacer a la Corte Constitucional para que se otorgue un plazo adicional para aprobar el proyecto que fue dispuesto por sentencia. Esta solicitud de prórroga sería un reconocimiento implícito de que el plazo inicial no se cumplió.
El debate se centra ahora en la responsabilidad de la Asamblea frente a un mandato judicial. ¿Puede un poder del Estado simplemente archivar un proyecto de ley que le fue ordenado aprobar por otro poder, como la Corte Constitucional, sin consecuencias? Este tipo de acciones pueden sentar precedentes peligrosos en la relación entre los poderes públicos y la observancia de las sentencias judiciales.
Para el sector productivo, la falta de una ley clara sobre protección animal genera incertidumbre jurídica y operacional. Aunque los colectivos animalistas celebraron el archivo de la Lopda por considerarla un «retroceso», la preocupación de los productores es que el vacío legal, o el incumplimiento de la sentencia, pueda generar nuevas disputas y complejidades en sus actividades.
El escenario actual abre la puerta a un nuevo capítulo de discusión entre la Asamblea y la Corte Constitucional, y pone en el centro del debate la seguridad jurídica y el respeto a las decisiones judiciales. La ciudadanía y los diferentes sectores del país estarán atentos a cómo se desenvuelve esta situación, pues de ella dependerá la claridad en las normas de protección animal y el acatamiento de los fallos de la más alta instancia judicial del Ecuador.
