El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) ha iniciado un proceso de fiscalización sobre la calidad del agua potable en Guayaquil, después de que se conocieran los resultados de los análisis realizados por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA). Estos estudios revelaron que el agua destinada para consumo humano presenta una baja concentración de cloro libre residual y no cumple con las normativas estipuladas en la norma INEN 1108. Estas deficiencias están generando preocupación sobre los riesgos para la salud pública en la ciudad.
El asambleísta Ferdinan Álvarez, quien lidera este proceso de fiscalización, informó que más de 400 casos de personas enfermas están directamente relacionados con el consumo de agua contaminada en la ciudad. Álvarez señaló que, a pesar de que en diciembre de 2024 la bancada de ADN propuso en el pleno de la Asamblea Nacional la creación de una resolución para investigar la calidad del agua potable en Guayaquil, esta iniciativa fue rechazada por los miembros de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Sin embargo, el proceso de fiscalización continuó de manera independiente y dio como resultado la reciente toma de muestras por parte de ARCA.
El 14 de marzo de 2025, ARCA realizó tomas de muestras en tres sectores clave de Guayaquil: Samanes 7, Santa Ana y el suburbio oeste. Los resultados fueron alarmantes, ya que se descubrió la presencia de bacterias en las guías domiciliarias de agua, lo que indica que el agua que fluye directamente de las llaves está fuera de los estándares establecidos por las autoridades sanitarias. Estas bacterias son capaces de disolver metales pesados en el agua, lo que representa un riesgo silencioso y significativo para la salud de los habitantes de la ciudad.
Álvarez enfatizó que el incumplimiento de las normativas sobre el tratamiento y calidad del agua puede afectar gravemente la salud pública. Según él, este tipo de contaminación podría pasar desapercibido, afectando a miles de personas de forma gradual, sin que se den cuenta de los daños que está causando en su organismo. “Este es un problema que no solo pone en riesgo la salud, sino también la vida de los ciudadanos guayaquileños, quienes confían en que el agua que consumen es segura”, manifestó el legislador.
El proceso de fiscalización tiene como objetivo que las autoridades competentes tomen medidas inmediatas para corregir la situación y asegurar que el agua en Guayaquil cumpla con las normativas de calidad. Para lograrlo, se está exigiendo una revisión exhaustiva de los sistemas de tratamiento y distribución del agua en la ciudad, con el fin de garantizar que esta cumpla con los estándares sanitarios necesarios para su consumo.
Este caso pone en evidencia la necesidad urgente de realizar un control más estricto sobre los servicios públicos esenciales, como el suministro de agua potable, y destaca la importancia de que las autoridades sean transparentes y responsables en la gestión de estos recursos vitales para la población.
El llamado a la acción por parte de ADN ha provocado un mayor debate sobre la calidad de los servicios básicos en Guayaquil y ha resaltado la falta de un seguimiento adecuado a los procesos de control y regulación en el ámbito del agua potable. Si bien las autoridades locales han prometido tomar medidas, la situación continúa siendo un tema de preocupación para los ciudadanos, quienes exigen soluciones inmediatas.
