El próximo 14 de abril de 2025, la Contraloría General del Estado (CGE) dará inicio a una serie de auditorías dirigidas a revisar las declaraciones patrimoniales juradas presentadas por los 137 asambleístas del país, así como por sus cónyuges o convivientes en unión de hecho. Este proceso busca verificar los detalles de los activos y pasivos de los legisladores, en el marco de un control más riguroso sobre la transparencia y la correcta declaración de sus bienes, conforme a sus responsabilidades como servidores públicos.
La auditoría se llevará a cabo tras la solicitud formal realizada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, quien envió un oficio a la CGE el 11 de marzo de este año, pidiendo que se lleve a cabo este procedimiento de control. La petición de Veloz tiene como objetivo asegurar que los representantes del pueblo ecuatoriano cumplan con los estándares de transparencia en la presentación de sus declaraciones patrimoniales.
Este tipo de auditorías es crucial para mantener la confianza pública en las instituciones gubernamentales, ya que permite revisar si las declaraciones patrimoniales de los asambleístas son fieles a la realidad y si no se han producido irregularidades o inconsistencias en la información proporcionada. La Contraloría, en su rol de ente fiscalizador, tendrá la responsabilidad de examinar si los bienes y activos de los legisladores se corresponden con su situación económica, además de verificar si los pasivos declarados están correctamente justificados.
El procedimiento incluirá no solo la revisión de las declaraciones patrimoniales de los propios asambleístas, sino también de sus cónyuges o convivientes en unión de hecho. Esto se debe a que la ley exige que los miembros de la Asamblea Nacional presenten un informe detallado sobre los bienes de su grupo familiar, con el fin de detectar posibles conflictos de interés o enriquecimiento ilícito.
La auditoría forma parte de un esfuerzo más amplio por garantizar la transparencia dentro de las instituciones del Estado ecuatoriano. La CGE tiene la facultad de realizar auditorías periódicas a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, como un mecanismo para prevenir la corrupción y asegurar que los funcionarios públicos no estén ocultando o manipulando información sobre sus bienes.
El inicio de este proceso es una de las medidas que refuerzan la lucha contra la corrupción en el país y marca un precedente importante en términos de rendición de cuentas por parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Al llevar a cabo estas auditorías, la Contraloría refuerza su papel como un órgano clave en la supervisión de la gestión pública y la aplicación de las leyes relacionadas con la integridad de los servidores públicos.
Se espera que el proceso de auditoría esté completo dentro de un plazo razonable, con informes detallados que puedan arrojar información relevante sobre la situación patrimonial de los asambleístas y sus familiares. Los resultados de estas auditorías serán clave para determinar si hay irregularidades que necesiten ser investigadas más a fondo por las autoridades competentes.
Este tipo de auditoría se suma a otros esfuerzos que se están llevando a cabo en el país para garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción, elementos fundamentales para fortalecer las instituciones democráticas y la confianza de los ciudadanos en el sistema político.
