Los asambleístas exigieron al presidente Lasso poner en marcha acciones para hacer frente a la ola de violencia que azota a las regiones de Guayas y Esmeraldas.
Tras una jornada de casi 8 horas de debate y análisis, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 120 votos a favor la resolución que condena los atentados en el país. Además, pide al gobierno que presente la estrategia de seguridad en 30 días.
Los legisladores reclamaron la falta de presupuestos para la Policía Nacional y además cuestionaron la disposición del presidente Lasso, de que los ministros del frente de seguridad no acudan a las comisiones legislativas para tratar el tema.
También expresaron sus opiniones sobre la situación de las cárceles, la presencia del narcotráfico en el país y su vinculación con la política.
Todos los legisladores llamaron a la unidad para hacer frente a la inseguridad y enfrentar al narcotráfico.
Este nuevo “saludo a la bandera” llega en momentos extremos con un gobierno que no puede solucionar la crisis de la violencia en el país y las demás funciones del Estado tampoco contribuyen a una solución.
La resolución aprobada tomó como referencia que Ecuador está sufriendo una ola de violencia, generada por el narcotráfico, la delincuencia organizada especialmente en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
Según datos de la Policía Nacional de Ecuador entre el 21 de enero y el 10 de agosto de 2021, se reportaron 1.156 homicidios intencionales en el país, mientras que en el mismo período del 2022 la cifra aumentó a 2.509 asesinatos, por lo que se prevé que al finalizar el presente año la cifra superaría los 3.000 asesinatos por sicariato.
Propuesta sobre el porte de armas.
Como una respuesta a la crisis de inseguridad ciudadana, en la Asamblea Nacional se analizan cuatro propuestas de reformas que tienen relación con la tenencia y porte de armas.
Dos de las iniciativas son promovidas por los asambleístas del Partido Social Cristiano, Esteban Torres y Luis Almeida. Xavier Jurado, del correísmo, apuesta por una reforma integral a la Ley de Armas que rige desde 1980. Mientras, el Ejecutivo pretende una reforma penal para incrementar las penas para el uso delictivo.
Según el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez (ID), parte de estas propuestas serán incluidas en el informe para el segundo y definitivo debate del proyecto de Ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de la seguridad integral.
La propuesta de Torres apunta a “permitir la tenencia y el porte de armas de fuego, traumáticas y de fogueo, que contemplen armas cortas, revólveres o pistolas de hasta 30 centímetros de longitud de cañón”. Para ello, el legislador mencionó que las personas deberán cumplir requisitos de preparación, no tener antecedentes penales, someterse a pruebas psicológicas.
Consideró que un primer paso sería que el Gobierno derogue el acuerdo ministerial de 2009. Aquí se impusieron restricciones a la tenencia y porte de armas. Almeida busca que se reforme el artículo 360 del COIP para incorporar la diferencia entre la tenencia sin uso de un arma y la tenencia con uso, en función de un estado de necesidad.
“La mera tenencia no implica un riesgo para un bien jurídicamente protegido. Es la tenencia del arma de fuego con un uso ilegal o ilegítimo el que puede producir efectos nocivos a los derechos y garantías protegidos en la Constitución”, señala.
En la calificación de los proyectos del PSC, la Unidad Técnica Legislativa alertó que se deberán tomar en cuenta pronunciamientos de la CIDH. Sobre la convivencia pacífica, antes que la represión.
