La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha lanzado una grave acusación de “golpe de Estado” en el contexto de un creciente escándalo que involucra a su familia en un caso de narcotráfico. La controversia ha surgido tras la decisión de Castro de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos, un acuerdo crucial que facilitó la captura de destacados narcotraficantes hondureños.
En una declaración transmitida en cadena nacional, Castro expresó su preocupación por lo que considera un «nuevo golpe de Estado», argumentando que la paz y la seguridad del país están en peligro. La denuncia de la presidenta se produjo poco después de la publicación de un video que muestra a su cuñado, el exdiputado Juan Carlos “Lito” Zelaya, en una reunión con narcotraficantes en 2013. En el video, Zelaya parece estar solicitando contribuciones para la campaña electoral de Castro de ese año.
La decisión de Castro de poner fin al tratado de extradición con Estados Unidos fue anunciada hace seis días. La presidenta justificó esta medida afirmando que era necesaria para proteger a los militares leales y evitar que se usara el tratado como una herramienta para un posible golpe de Estado en su contra. No obstante, esta acción ha sido duramente criticada por la oposición, que sostiene que el objetivo real de Castro es proteger a miembros de su propio gobierno y a su familia.
En un giro dramático, el sábado pasado renunciaron dos familiares cercanos de la presidenta: Carlos Zelaya, secretario del Congreso, y su hijo José Manuel Zelaya, ministro de Defensa. Carlos Zelaya había admitido previamente ante la fiscalía su participación en reuniones con narcotraficantes en 2013. La renuncia de ambos se produjo en medio de crecientes presiones y acusaciones.
Este martes, el portal especializado InSight Crime publicó un video exclusivo que muestra a narcotraficantes hondureños ofreciendo sobornos a un miembro de la familia presidencial. El portal destacó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que el video evidencia la grave narcocorrupción en el país y añade un nuevo nivel de complejidad al escándalo en curso.
La controversia no solo pone en entredicho la integridad del gobierno de Castro, sino que también plantea serias preguntas sobre la gestión de la lucha contra el narcotráfico en Honduras. El tratado de extradición con Estados Unidos, que permitía la captura y encarcelamiento de narcotraficantes hondureños, ha sido una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado. La cancelación de este acuerdo ha generado inquietud tanto a nivel nacional como internacional.
