La Fiscalía ha reformulado los cargos en el caso Pantalla, donde Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), es investigado por su presunta intención de ejercer «control total» sobre la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Inicialmente, el caso se centraba en el delito de tráfico de influencias, pero ahora se investiga una asociación ilícita.
Este 30 de octubre de 2024, la Corte Nacional, bajo el mando del conjuez Julio Arrieta, llevó a cabo una audiencia para reformular los cargos. Además de Terán, también se incluyen a sus exasesores Milton Fabricio H. M., Santiago Paúl C. C., Juan Carlos E. R. y David Alejandro G. C., así como a la exjueza Anabell de Jesús T. C. Cuatro días antes, se había vinculado a estos seis individuos a la causa penal.
Según el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, el análisis de las evidencias recolectadas en los 55 días de instrucción ha demostrado que los procesados se asociaron para ejercer una influencia indebida en el concurso para la designación de jueces de la CNJ. «Buscaban favorecer a postulantes que no cumplían con los méritos adecuados para ocupar altos cargos judiciales», aseguró Toainga.
La investigación reveló que los delitos bajo indagación pasaron del tráfico de influencias, tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la asociación ilícita, regulada en el artículo 370 del mismo código. Este cambio se debió a la evolución de los hechos y la necesidad de ajustarse a la realidad jurídica del caso.
El caso Pantalla se originó con la detención de Milton Fabricio H. M. y Santiago Paúl C. C., quienes supuestamente abusaron de su posición para obtener información privilegiada que beneficiara a ciertos candidatos en el concurso público para la CNJ, que comenzó en junio de 2023. La fiscal Ruth Amoroso, encargada de la causa antes de la vinculación de Terán, explicó que se habían articulado múltiples conductas por parte de altos funcionarios del CJ para influir en los resultados de dicho concurso.
Lo recolectado por la Fiscalía indica que Wilman Terán buscaba colocar en la CNJ a personas no calificadas, lo que refleja un patrón de conducta que abarca desde tráfico de influencias hasta la divulgación de información confidencial y posibles intentos de vulnerar sistemas informáticos del CJ. «Este comportamiento sugiere una clara asociación con la intención de cometer delitos, sancionados con penas inferiores a cinco años», argumentó Toainga.
La Fiscalía presentó alrededor de 20 elementos de convicción para justificar la reformulación de cargos y solicitó que se mantengan las medidas de prisión preventiva para Terán, sus asesores y la exjueza. Aunque los acusados no se opusieron a la reformulación, expresaron que las medidas de prisión preventiva debían ser revisadas debido al cambio de delito, lo que incluye a Terán y sus asociados. En el caso de Anabell de Jesús T. C., se solicitó que Interpol la busque y detenga.
Wilman Terán también enfrenta otros cargos por delincuencia organizada en el caso Metástasis y una investigación pendiente por obstrucción de la justicia en el caso Independencia Judicial.
Durante la audiencia, el conjuez Arrieta analizó las argumentaciones de los procesados y notificó que se les investiga ahora como autores de asociación ilícita, manteniendo las medidas cautelares solicitadas. «Se presume la intención de estos funcionarios de influir en el concurso público de méritos para obtener resultados que favorezcan sus propios intereses y controlar la Corte Nacional, en beneficio de Anabell de Jesús T. C.», destacó Arrieta.
Si bien se extiende por 30 días más la instrucción fiscal en el caso Pantalla, el magistrado aclaró que la fase de instrucción no puede exceder los 120 días establecidos por la normativa. Esta fase comenzó el 5 de septiembre de 2024, con la formulación de cargos contra los primeros sospechosos.
