El 28 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional notificó oficialmente al presidente de la República, Daniel Noboa, y al Registro Oficial el archivo definitivo del proyecto urgente destinado a mejorar la recaudación mediante la lucha contra el lavado de activos. Esta decisión, tomada por la legislatura el 27 de noviembre, se basa en la resolución aprobada con 84 votos a favor, que rechaza el proyecto y lo archiva, concluyendo su tratamiento constitucional.
La medida deja en claro que, bajo las disposiciones actuales, el proyecto no podrá ser promulgado como un Decreto-Ley, ni mucho menos ser publicado en el Registro Oficial. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ha centrado el debate sobre la forma de enfrentar el lavado de activos y la mejora de la recaudación fiscal en el país.
Pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo: una ley clave para la lucha contra el lavado de activos
El proyecto presentado por el presidente Daniel Noboa buscaba crear una serie de medidas para combatir el lavado de activos y, al mismo tiempo, mejorar las estrategias recaudatorias del gobierno. Sin embargo, la Asamblea Nacional rechazó la iniciativa al considerar que no cumplía con los requisitos legales necesarios. Según la resolución, el proyecto no es compatible con la Constitución ni con la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Uno de los puntos más relevantes de la resolución fue la advertencia sobre las consecuencias legales que enfrentaría cualquier funcionario público o entidad que intente promover la publicación del proyecto en el Registro Oficial. De acuerdo con la legislación vigente, aquellos que se involucren en este proceso estarían incurriendo en un delito de “usurpación y simulación de funciones públicas”, como lo establece el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Advertencia a funcionarios públicos: sanciones por usurpación de funciones
La Asamblea Nacional fue contundente al señalar que si algún funcionario público decidiera publicar el proyecto archivado, estaría cometiendo un delito, con penas que pueden oscilar entre uno y tres años de prisión. Esta alerta resalta el conflicto entre las funciones del Legislativo y la posibilidad de que el Ejecutivo intente avanzar en la publicación de la ley a pesar del archivo.
Este enfrentamiento subraya las tensiones entre los diferentes poderes del Estado en Ecuador, en un contexto donde el gobierno busca mecanismos más efectivos para combatir el lavado de activos y mejorar la recaudación fiscal. A pesar de los esfuerzos de la administración de Noboa, la respuesta de la Asamblea Nacional refleja las dificultades que enfrenta el Ejecutivo para implementar sus políticas sin la aprobación del Legislativo.
Conclusión:
El archivo del proyecto urgente para la mejora recaudatoria y el combate al lavado de activos es un paso significativo en la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional de Ecuador. La decisión del Legislativo de rechazar la propuesta y las advertencias sobre las sanciones a funcionarios públicos refuerzan el control del Parlamento sobre la legislación económica y fiscal del país. Este episodio demuestra una vez más las complejidades políticas en Ecuador, donde la cooperación entre los diferentes poderes sigue siendo un desafío constante.
