El 30 de octubre de 2024, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la creación de una comisión legislativa ocasional que se encargará de analizar la reforma constitucional propuesta por el presidente Daniel Noboa. Este proyecto busca facilitar la instalación de bases militares extranjeras en el país y fue respaldado por 108 votos a favor.
La nueva comisión estará compuesta por un grupo diverso de legisladores, que incluye a Gisella Garzón (Revolución Ciudadana), Sofía Sánchez (Partido Social Cristiano), Mariana Yumbay (Pachakutik), Arturo Ugsha (Unidad Popular), Rafael Dávila (Avanza-SUMA), Nataly Morillo (ADN) y Jorge Peñafiel (Construye).
La resolución aprobada establece que la comisión tiene un plazo de 180 días para realizar su trabajo, con la posibilidad de prorrogar ese tiempo por un período adicional de seis meses, siempre que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo apruebe.
La reforma que se discutirá implica una modificación del artículo 5 de la Constitución ecuatoriana, que actualmente establece que “Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”. Si se aprueba la reforma, esta parte quedaría reducida a la simple afirmación de que “Ecuador es un territorio de paz”.
El presidente Noboa ha argumentado que el objetivo de esta reforma es obtener apoyo internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Según sus declaraciones, la presencia de bases militares extranjeras podría fortalecer las capacidades del país en estas áreas críticas.
Este tema ha suscitado debates intensos en el país, dado el historial de Ecuador como un territorio neutral y pacifista. Los opositores a la reforma argumentan que la instalación de bases militares podría comprometer la soberanía nacional y alterar la política de paz que el país ha mantenido durante décadas. Sin embargo, Noboa y sus partidarios sostienen que la colaboración internacional es vital para enfrentar las amenazas actuales de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.
La creación de esta comisión y el análisis de la reforma constitucional representan un paso importante en el proceso legislativo, y la opinión pública estará atenta al desarrollo de las discusiones que se llevarán a cabo en los próximos meses.
