El expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y exjuez de la Corte Nacional, Wilman Terán, se encuentra en el centro de una tormenta judicial, enfrentando juicios por obstrucción de la justicia y delincuencia organizada. Recientemente, en el marco del caso Metástasis, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, destacó que sectores del Poder Judicial en Ecuador han operado como brazos de grupos criminales, facilitando la impunidad dentro del sistema.
Toainga subrayó que la fragilidad institucional de Ecuador ha permitido que la justicia sea manipulada por organizaciones criminales. «La descomposición de nuestra justicia ha sido evidente, involucrando a jueces, fiscales, y otros funcionarios», afirmó. La situación se tornó crítica cuando, el 14 de diciembre de 2023, se detuvieron a varios jueces, fiscales y hasta a Terán, quien fue acusado de formar parte de una “empresa criminal” liderada por el narcotraficante Leandro Norero.
Tras su arresto, Terán fue imputado por obstrucción de la justicia en el caso Independencia Judicial. En este caso, se le acusa de obstaculizar el trabajo del juez Walter Macías, quien investigaba a exfuncionarios del CJ por tráfico de influencias. La fiscalía identificó a Terán como una figura central que facilitó la manipulación del sistema judicial.
A pesar de las graves acusaciones, Terán ha intentado defenderse. Recientemente, presentó acciones legales contra medios de comunicación, argumentando que ha sido víctima de críticas y juicios paralelos que atentan contra su honor. Según él, el alias «Diablo», que se le atribuye en varios testimonios, se ha utilizado para deslegitimar su figura.
Uno de los testimonios más impactantes provino de su exasesor, Álex Palacios, quien reveló cómo Terán supuestamente manipuló el sistema judicial y buscó beneficios económicos a cambio de favores. Palacios mencionó que Terán solicitó sobornos por la tramitación de un habeas corpus relacionado con Norero y que su influencia se extendía a varios niveles del CJ.
Además, se mencionó que Terán había diseñado estrategias para asegurar su dominio sobre la judicatura, incluyendo acuerdos para destituir a la fiscal general, Diana Salazar. En este contexto, otros exfuncionarios del CJ también han declarado sobre la colusión existente para facilitar decisiones judiciales favorables a ciertos intereses políticos y criminales.
El testimonio de Terán en su defensa se ha centrado en cuestionar las evidencias presentadas por la fiscalía, alegando inconsistencias en las pruebas que vinculan su nombre a las actividades delictivas. A pesar de sus esfuerzos, el ambiente en torno a su figura continúa siendo negativo, y la fiscal general ha afirmado que, desde prisión, Terán mantiene una influencia significativa sobre la Corte Nacional.
La complejidad de los casos que involucran a Terán resalta una crisis profunda en el sistema judicial ecuatoriano, donde la corrupción y la colusión entre el poder judicial y el crimen organizado han emergido como problemas críticos. A medida que se desarrollan los juicios y se presentan más testimonios, la sociedad ecuatoriana observa con atención, esperando que se logre una restauración de la confianza en sus instituciones judiciales.
