La Fiscalía ha solicitado que Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, sea condenado como líder de un esquema de delincuencia organizada en el caso conocido como Encuentro. La petición se formalizó el 26 de septiembre de 2024, durante una audiencia de juzgamiento en la que se presentaron las evidencias en su contra.
Según la Fiscalía, tanto Carrera como Rubén Cherres (fallecido) son considerados los principales sospechosos en la creación de una estructura delictiva destinada a negociar puestos públicos. La acusación destaca que los procesados estaban al tanto de sus acciones ilegales y que cada uno desempeñó un rol específico en el crimen: Carrera como líder y otros como colaboradores.
Además, se mencionó a Antonio I., quien fue gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), como un cómplice clave en esta red criminal. El objetivo de la organización era obtener beneficios económicos mediante la adjudicación de contratos estatales.
La Fiscalía ha pedido que Carrera sea sentenciado como líder de la delincuencia organizada y que Antonio I. reciba la misma calificación, aunque en su caso como colaborador. Debido a su condición de funcionario público, la Fiscalía solicitó considerar circunstancias agravantes en su caso. También se ha requerido que ambos procesados paguen una reparación integral de $682,188.08.
El caso Encuentro involucra a una serie de individuos que, en complicidad, buscaban beneficiarse financieramente a través de contratos públicos. Además de Carrera e I., se han implicado a otros actores como Hernán Luque Lecaro, ex presidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y varios asociados al empresario asesinado Rubén Cherres. Entre los nombres mencionados figuran las empresarias del sector eléctrico Karen C. y Éricka F.
Cabe destacar que varios de los acusados, incluidos Luque Lecaro y otros, se encuentran fuera del país, lo que ha llevado a que la etapa de juzgamiento para ellos se encuentre suspendida. Esto se debe a que el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia, dejando a la justicia ecuatoriana con un desafío considerable en el proceso.
A medida que avanza este caso, se pone de relieve la problemática de la corrupción y el uso indebido de cargos públicos en el país, lo que ha generado un creciente clamor por la transparencia y la justicia.
