La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha manifestado su rechazo a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que la declaró responsable de violencia política de género. A través de sus redes sociales, Abad criticó duramente el fallo emitido por el juez Guillermo Ortega, asegurando que representa una tergiversación de un concepto clave en la lucha por los derechos políticos de las mujeres.
«Han pervertido una figura esencial como la violencia política de género, traicionando décadas de lucha por la representatividad», expresó Abad en una publicación realizada este miércoles. La vicepresidenta, quien en los últimos meses ha mantenido una postura crítica frente a varias decisiones judiciales, considera que este dictamen no solo afecta su caso particular, sino que sienta un precedente peligroso para el ejercicio político en Ecuador.
La resolución en su contra se emitió luego de que Abad agotara sin éxito las instancias de apelación. Según el TCE, se encontraron fundamentos para declarar su responsabilidad en este tipo de violencia, aunque la vicepresidenta insiste en que el proceso carece de pruebas suficientes.
En su pronunciamiento, también hizo referencia a los jueces Ivonne Coloma y Ángel Torres, quienes suscribieron la sentencia. Abad los acusó de haber omitido elementos fundamentales en la argumentación legal, señalando que la decisión no tenía una debida motivación y que su firma en la resolución constituía «un acto infame».
El fallo del TCE ha generado reacciones divididas en el ámbito político y jurídico. Mientras algunos sectores consideran que se trata de una aplicación justa de la normativa sobre violencia política de género, otros cuestionan si el caso de Abad realmente encuadra en esta figura legal. La vicepresidenta, por su parte, ha reiterado que continuará denunciando lo que considera una injusticia y que seguirá defendiendo su posición ante la opinión pública y las instancias correspondientes.
Este caso refleja la creciente tensión dentro del escenario político ecuatoriano, en el que la interpretación de las leyes sobre violencia política de género sigue siendo un tema de debate. Con esta sentencia, el TCE establece un precedente que podría influir en futuras disputas legales relacionadas con la participación de las mujeres en el ámbito público.
