Este miércoles 23 de octubre marca un mes desde que Ecuador inició los apagones programados, los cuales inicialmente llegaron a durar hasta doce horas diarias, pero que actualmente se han reducido a ocho y continuarán disminuyendo a razón de dos horas semanales, hasta estabilizarse en cuatro horas.
El Gobierno atribuye esta situación al «peor estiaje en 61 años». A pesar de la disminución de la duración de los cortes, el impacto en el sector productivo es considerable. Las operaciones industriales han enfrentado complicaciones, mientras que los comercios, especialmente los más pequeños, están sintiendo un «golpe muy duro a la economía».
Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca (Cipem), describe el último mes como «bastante complicado», especialmente tras un apagón total en el parque industrial de Cuenca que duró cuatro días, que también se aplicó a Ambato.
A principios de octubre, el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) había solicitado una reducción del consumo energético de hasta el 100 % para el sector industrial, lo que generó preocupación entre los empresarios. Sin embargo, tras negociaciones con el Gobierno, esta medida fue modificada.
Robalino sostiene que esta crisis energética obstaculiza la recuperación económica y el empleo que el país necesita. Además, advierte que los primeros seis meses de 2025 podrían ser inestables debido al proceso electoral, lo que podría retrasar cualquier recuperación a partir del cuarto trimestre del próximo año.
Desde la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), se afirma que la situación ha complicado en gran medida las operaciones, ya que la incertidumbre sobre la duración de los cortes dificulta la planificación. La pérdida de productividad y los desafíos en la organización de turnos laborales son algunos de los problemas que enfrentan las empresas.
Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), evalúa esta situación como un «golpe muy duro» para la economía, destacando que los comercios más vulnerables son los que más están sufriendo. Enfatiza que la falta de previsibilidad ha empeorado las cosas y que la comunicación clara y transparente por parte de las autoridades es crucial para que las empresas puedan adaptarse.
Impacto económico
Robalino señala que es complicado calcular el impacto económico exacto debido a la variedad de industrias y a la naturaleza irregular de los cortes. Sin embargo, menciona que una hora de corte completo en Cuenca representa pérdidas de entre $900,000 y $1,000,000, y el apagón de cuatro días en el parque industrial significó cerca de $20 millones en pérdidas.
Sin proyecciones positivas en el horizonte, Robalino advierte que Ecuador podría enfrentar nuevamente una recesión económica similar a la que experimentó desde el segundo semestre del año pasado hasta principios de este.
La CIG estima que el impacto del sector industrial es similar al de abril, cuando también se registraron apagones, calculando pérdidas de $2.4 millones por cada hora de corte. Aunque algunas empresas pueden compensar parcialmente con generación propia, esto no siempre es suficiente. A nivel nacional, se estima que cada hora de apagón puede costar hasta $12 millones.
González destaca que, desde el inicio de los apagones, las pérdidas en ventas superan los $2,500 millones, de los cuales el sector comercial representa $1,100 millones. También se suman las pérdidas de mercadería perecedera y daños a equipos.
Inversiones en generación de energía
Ante la crisis, el Gobierno ha asegurado que ha invertido en 410 megavatios (MW) de generación de energía en los últimos diez meses, de los cuales 341 MW provienen de un bloque de contrataciones de emergencia. Este bloque incluye un barco de generación flotante que aporta 100 MW al Sistema Nacional Interconectado (SNI) y que comenzó operaciones el 16 de septiembre.
Aunque inicialmente se planeaba contratar más barcazas, esta opción fue descartada y se optó por soluciones de generación móvil. Además, el Gobierno está promoviendo la Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, actualmente en trámite en la Asamblea Nacional.
