En un trimestre, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) sufrió tres derrotas consecutivas en la Asamblea Nacional al intentar, mediante juicios políticos, destituir a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y a dos ministras del actual gobierno de Daniel Noboa: Gabriela Sommerfeld y Mónica Palencia. La RC, conformada por 48 legisladores, constituye la primera minoría en el Legislativo y, a través de su Comisión de Fiscalización, presidida por Pamela Aguirre, buscaba censurar y destituir a las tres funcionarias, pero los procesos terminaron archivados.
En estos juicios, las posiciones de los bloques del Partido Social Cristiano (PSC) y Construye fueron clave para evitar la censura. El bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y algunos independientes también respaldaron a las funcionarias, mientras que Pachakutik (PK) apoyó a la RC. A pesar de las maniobras y apoyo de ciertos sectores, la RC no logró reunir los votos necesarios.
Juicio a Diana Salazar
El proceso contra la fiscal general, Diana Salazar, fue obstaculizado debido a su embarazo de alto riesgo, lo cual extendió los plazos de tratamiento. La moción para archivar el juicio se aprobó con 76 votos el 10 de septiembre, cuando la Comisión de Fiscalización ya no podía procesarlo, tras una resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Este archivo fue impulsado por el Gobierno, que contó con el apoyo del PSC y Construye.
Juicio a Gabriela Sommerfeld
En agosto, la Asamblea archivó el juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld, acusada de negligencia en la irrupción policial en la Embajada de México en Quito y de mala gestión en el conflicto comercial con Rusia. La moción no alcanzó los votos suficientes para la destitución, quedándose a 48 votos de la censura.
Juicio a Mónica Palencia
El intento de destituir a la ministra del Interior, Mónica Palencia, también falló. La moción de censura, presentada por la RC, recibió solo 77 votos el 23 de octubre, insuficientes para alcanzar los 92 necesarios. Palencia fue acusada de incumplimiento de funciones por permitir la incursión policial en la Embajada de México y por la falta de un plan de seguridad nacional.
Estos intentos de destitución, presentados por la RC, guardan relación con la defensa de sus líderes, Rafael Correa y Jorge Glas, ambos condenados por casos de corrupción. La intención de destituir a Salazar buscaba reducir la presión judicial sobre estos dirigentes, al considerar que la fiscal ha actuado con intenciones políticas en sus investigaciones.
Para el correísmo, la fiscalización es un esfuerzo por proteger sus intereses políticos y ejercer control sobre el sistema de justicia. En el caso de Sommerfeld y Palencia, las acusaciones surgieron apenas 48 horas después de la incursión de la fuerza pública en la embajada para detener a Glas, investigado por presunto peculado en la gestión de recursos destinados a la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016.
La Revolución Ciudadana ha insistido en que estos juicios buscan defender los intereses de sus líderes y evitar lo que consideran un uso político de la justicia. A pesar de los reveses, la bancada del correísmo sigue explorando estrategias para fortalecer su posición en el proceso de fiscalización.
