Una escena de horror se vivió la noche del domingo 4 de mayo en pleno centro de Guayaquil, cuando sujetos armados irrumpieron en un hotel ubicado en las calles Escobedo, entre Junín y Luis Urdaneta, y abrieron fuego contra varias personas. El saldo del ataque fue devastador: cuatro personas fallecidas y tres más con heridas de gravedad.
Según información preliminar proporcionada por agentes de la Policía Nacional, los atacantes ingresaron al establecimiento sin ser sometidos a ninguna revisión. «No pidieron documentos ni revisaron las maletas, tenían pistolas en mano», reveló uno de los uniformados presentes en el operativo posterior al crimen.
Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva. Como parte de las diligencias, se realiza un análisis minucioso del circuito cerrado de cámaras de seguridad del hotel, así como de los dispositivos ubicados en las inmediaciones. Estas grabaciones podrían ser clave para identificar a los agresores y esclarecer los motivos del ataque, que hasta el momento no han sido confirmados oficialmente.
Este hecho violento se suma a una creciente ola de criminalidad que azota a Guayaquil, ciudad que ha sido escenario frecuente de tiroteos y atentados en los últimos meses. La situación ha puesto en alerta tanto a los residentes como a las autoridades locales, que enfrentan serias dificultades para contener la violencia urbana.
Cifras del Observatorio de Criminalidad del Ecuador indican que en lo que va del año se han registrado más de 1.200 muertes violentas en la provincia del Guayas, siendo Guayaquil uno de los puntos más críticos. Esta última masacre ha reavivado el debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno.
La Policía ha hecho un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que pueda conducir a la captura de los responsables. Paralelamente, el Ministerio del Interior evalúa reforzar los operativos de control en hoteles y espacios públicos considerados de alto riesgo.
El ataque en el hotel del centro porteño no solo dejó víctimas, sino también un fuerte impacto emocional en empleados, huéspedes y vecinos del sector. La comunidad exige justicia y mayores medidas de protección ante la creciente inseguridad.
