Dylan Alberto A., el individuo señalado como responsable del devastador incendio forestal que afectó el sector de Guápulo, en el nororiente de Quito, fue sentenciado a ocho meses de cárcel por la Sala de la Corte Provincial de Pichincha. El siniestro, ocurrido el 24 de septiembre de 2024, arrasó con 140 hectáreas de vegetación en apenas dos días, generando graves consecuencias ambientales y afectando la biodiversidad del área.
Las autoridades ambientales y de justicia confirmaron que el incendio fue provocado por negligencia humana. En el proceso judicial, se presentó evidencia que vinculó directamente a Dylan Alberto A. con el inicio del fuego. La sentencia forma parte de una serie de medidas que buscan establecer precedentes firmes frente a delitos ambientales que cada vez son más recurrentes en zonas protegidas del país.
El incendio en Guápulo generó una intensa movilización de equipos de bomberos, personal del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y voluntarios ambientales. Durante las labores de mitigación, que se extendieron por más de 48 horas, se utilizaron drones, helicópteros con sistema Bambi Bucket, y cuadrillas terrestres para sofocar las llamas en áreas de difícil acceso.
El Ministerio del Ambiente informó que el fuego afectó ecosistemas de alto valor ecológico, poniendo en riesgo especies endémicas y contribuyendo a la degradación del suelo. “Este tipo de eventos comprometen seriamente la sostenibilidad de los bosques nativos”, indicó un portavoz de la entidad.
De acuerdo con datos oficiales, entre enero y octubre de 2024 se registraron más de 300 incendios forestales en el Distrito Metropolitano de Quito, una cifra que supera los promedios anuales anteriores. Las autoridades atribuyen este incremento tanto a factores climáticos como a la acción humana.
La condena contra Dylan Alberto A. busca también enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad penal que conlleva causar incendios forestales. Si bien la pena ha sido considerada baja por algunos sectores, constituye un paso importante en la judicialización de este tipo de delitos.
El Municipio de Quito y organismos ambientales hacen un llamado urgente a la ciudadanía para prevenir acciones que puedan desencadenar tragedias similares, y a reportar cualquier actividad sospechosa que ponga en peligro las áreas verdes del distrito.
