Caso Verónica Abad: Suspensión de audiencia por tercera vez en la acción constitucional contra el gobierno de Noboa
Este lunes, 9 de diciembre, la jueza de la Unidad Judicial de Quito, Nubia Vera Cedeño, decidió difundir nuevamente la audiencia constitucional en el caso de Verónica Abad, vicepresidenta de la República. La audiencia, que originalmente debía realizarse en esta fecha, se ha pospuesto por tercera vez y será reprogramada para el próximo 16 de diciembre de 2024 a las 09:00. El objetivo es permitir que las partes procesales se preparen y expongan sus alegatos de cierre.
La razón de este nuevo aplazamiento fue la solicitud de Abad, quien a través de su abogado defensor, Damián Armijos, argumentó que no había tenido suficiente tiempo para revisar todo el expediente relacionado con el caso. La cantidad de documentos se ha incrementado significativamente desde que comenzó el proceso, dificultando el análisis detallado. Armijos pidió un plazo adicional de 72 horas para poder revisar los 17 cuerpos que ahora componen el expediente.
Este es el tercer aplazamiento de una audiencia que comenzó el 29 de noviembre de 2024. La acción de protección planteada por Abad busca impugnar la sanción que le fue impuesta por el Ministerio de Trabajo, que consistió en una suspensión de 150 días sin salario, por supuestamente incurrir en una falta administrativa grave. La sanción se fundamenta en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que establece la falta de justificación en la ausencia del trabajo por tres o más días consecutivos.
El contexto político detrás de la sanción
Verónica Abad, que ha sido una figura clave del gobierno de Daniel Noboa, fue enviada a Israel en noviembre de 2023 como embajadora de paz, en un esfuerzo por mediar en el conflicto bélico histórico entre Palestina e Israel. Sin embargo, tras no cumplir con la orden presidencial de llegar a Ankara (Turquía) antes del 1 de septiembre de 2024, se le impuso la sanción, ya que arribó allí solo el 9 de ese mes.
La sanción fue interpretada como parte de un conflicto político entre la vicepresidenta y el presidente Noboa. En respuesta, Abad ha denunciado que la medida es injusta y ha solicitado que se respete la Constitución. La vicepresidenta también se mostró de acuerdo con el dictamen emitido por la Corte Constitucional (CC), que se pronunció sobre la interpretación de ciertos artículos de la Constitución relacionados con la ausencia del presidente y la función de la vicepresidencia. Según Abad, la Corte Constitucional reafirmó lo que ya estaba claro en la carta magna y que su destitución es un acto de injusticia.
Reacciones y apoyo a la vicepresidenta
Durante las audiencias previas, Abad ha estado acompañada por un importante contingente de seguridad policial y militar, dada la relevancia del caso. Además, varios expertos jurídicos se presentaron como amicus curiae (amigos de la corte) para expresar sus opiniones sobre la situación. Mientras que algunos pidieron que se desestimara la acción de protección de Abad, otros respaldaron su solicitud, argumentando que su sanción vulnera derechos fundamentales, como la seguridad jurídica y el derecho a ser juzgado por un juez competente.
Uno de los puntos más debatidos en el caso ha sido la proporcionalidad de la sanción de 150 días de suspensión, que no está contemplada en la Ley Orgánica de Servicio Público ni en sus reglamentos. De hecho, durante la audiencia, se cuestionó la falta de una justificación adecuada por parte del Ministerio de Trabajo para tal sanción.
Conflictos adicionales en el Gobierno
En paralelo, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha generado controversia al expresar que el presidente Daniel Noboa no necesitaría solicitar licencia sin sueldo durante su campaña electoral, ya que la candidatura presidencial de Noboa no se consideraría como reelección inmediata, sino como una postulación a la presidencia por primera vez, después de haber sido elegido en 2023 para completar el periodo de Guillermo Lasso. Este argumento ha sido criticado por algunos sectores políticos que consideran que la interpretación legal del ministro no se ajusta a la normativa vigente.
Este complejo conflicto legal y político sigue desarrollándose y podría tener implicaciones importantes para el futuro del gobierno de Daniel Noboa y la estabilidad de su administración.
