El pleno de la Asamblea Nacional resolvió avanzar con el proceso de juicio político en contra de Sofía Hernández Naranjo, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, por presunto incumplimiento de funciones durante su gestión. La decisión fue tomada este martes 29 de abril, con el respaldo mayoritario de 103 legisladores, de un total de 105 asambleístas presentes en la sesión.
La acusación en su contra está relacionada con supuestas omisiones en los mecanismos de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito, entidades clave dentro del sistema financiero del país que operan bajo el modelo de economía popular y solidaria. La falta de fiscalización habría permitido irregularidades en varias de estas instituciones, según argumentan los interpelantes.
El proceso fue impulsado por miembros de diferentes bancadas legislativas, quienes sostienen que Hernández no cumplió adecuadamente con las responsabilidades establecidas en el marco legal que rige a la Superintendencia. De acuerdo con los fundamentos presentados, se acusa a la exfuncionaria de negligencia al permitir fallas estructurales en los sistemas de control y supervisión del sector cooperativista.
“Es nuestra responsabilidad como legisladores ejercer control político sobre los funcionarios que no actuaron con la debida diligencia. Estamos hablando de la protección de los recursos de miles de ciudadanos que confían sus ahorros en estas cooperativas”, expresó uno de los asambleístas que apoyó la moción.
Hernández, que dejó el cargo a finales de 2024, ha defendido su gestión en distintas ocasiones, argumentando que durante su administración se fortalecieron herramientas tecnológicas y se promovieron reformas normativas para mejorar el monitoreo financiero. Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a gran parte del Legislativo, que considera que hubo una falta de resultados concretos frente a los problemas denunciados.
El juicio político entrará ahora en una nueva etapa, en la que la exfuncionaria deberá presentarse ante el pleno para responder formalmente a las acusaciones. La Asamblea, luego de escuchar sus descargos y los alegatos de los interpelantes, decidirá mediante votación si procede o no su censura y eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Este juicio político se suma a una serie de procesos similares impulsados por el Parlamento en los últimos meses, en el marco de una estrategia más activa de fiscalización a los órganos de control del Estado.
