En el contexto del caso Purga, Ruth Catalina S., exdirectora de Asesoría Jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE), ha presentado graves acusaciones de acoso en su lugar de detención. En una audiencia realizada el lunes 25 de agosto, Ruth Catalina S. denunció que el personal militar del Centro de Privación de Libertad (CPL) Regional de Latacunga la ha hostigado y presionado para que se suicide. Según su testimonio, los militares han realizado visitas constantes a su celda, incluso durante la madrugada, y han amenazado con responsabilizarse de su muerte si no lo hace.
Ruth Catalina S. es una de las 25 personas implicadas en el caso Purga, que investiga delitos de delincuencia organizada. Actualmente, está participando en el Programa de Víctimas y Testigos y tiene un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía. Durante su declaración, mencionó que, aunque no conocía a la mayoría de los implicados, Andrés Ch., coprocesado y también abogado, fue quien realizó contactos con funcionarios judiciales en Guayas para gestionar una acción de protección que inicialmente fue rechazada en Samborondón y luego aprobada parcialmente en la Corte Provincial del Guayas.
La Fiscalía está investigando la corrupción relacionada con esta acción de protección, la cual fue presentada en Guayas en lugar de Quito, a pesar de tratarse de un contrato de repavimentación por $30 millones con una empresa de Quito. Este aspecto ha generado dudas sobre la correcta jurisdicción y el manejo del contrato.
El caso Purga implica a un «grupo criminal» liderado por el exasambleísta Pablo Muentes, con la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y el juez penal Johann M. en roles clave. La investigación sugiere que este grupo buscaba influir en el sistema de justicia del Guayas para obtener fallos favorables a sus intereses, beneficiándose económicamente y materialmente.
Ruth Catalina S. confirmó que, tras la aprobación parcial de la acción de protección, Andrés Ch. se comprometió a través de la vocal suplente del Consejo de la Judicatura (CJ), Elsie Celi, a colaborar en la remodelación del Salón de los Presidentes de la Corte del Guayas. Gallardo solicitó esta reforma para dejar un legado importante al final de su presidencia en la corte.
En su testimonio, Ruth Catalina S. también reveló haber recibido $7,000 del CIE, dinero que supuestamente estaba destinado a cubrir materiales, mano de obra, y otros gastos relacionados con la reforma, así como para obsequios a jueces y abogados involucrados. La defensa del coronel Xavier R. J., comandante del CIE, sostiene que las acusaciones contra él son infundadas y se basan en especulaciones. La Fiscalía afirma que el coronel participó en la corrupción al colaborar con Gallardo mediante obsequios y pagos para obtener decisiones favorables en la Corte del Guayas.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, ha declarado que el coronel R. J. habría intervenido en reuniones en la Corte Provincial del Guayas para acordar decisiones judiciales a cambio de la remodelación del Salón de los Presidentes. La intervención del oficial incluyó la autorización de pagos del CIE para materiales y mano de obra a través de transferencias realizadas por Ruth Catalina S. a Mayra Salazar, excomunicadora de la Corte del Guayas y colaboradora de Gallardo.
A raíz de las denuncias de Ruth Catalina S. sobre acoso y presiones, la fiscal general Diana Salazar ha solicitado un cambio en su medida de prisión preventiva, pidiendo en su lugar medidas sustitutivas como presentaciones periódicas. El juez Javier de la Cadena ha decidido suspender la audiencia para analizar la solicitud y ha dispuesto el traslado de la testigo a la Casa de Confianza de Chillogallo, al sur de Quito, para evitar las presiones en el CPL de Cotopaxi. Además, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) ha sido multado por no cumplir con la disposición de traslado en el plazo establecido.
