El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tomará una decisión final sobre si ratifica o revoca la destitución de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), involucrados en una grave infracción electoral cometida en 2023. Para ello, el TCE escogerá un conjuez mediante sorteo, quien se unirá al pleno para evaluar la situación de estos funcionarios y emitir un fallo definitivo.
En una sesión celebrada el 17 de enero de 2025, el pleno del TCE, con cuatro votos a favor y una abstención, aprobó la incorporación de un conjuez ocasional, dado que no se logró conformar el pleno debido a la falta de jueces disponibles. Este conjuez será responsable de decidir si confirma la sanción que incluyó la destitución de los vocales del CPCCS, la imposición de una multa de 70 salarios básicos y la suspensión de sus derechos de participación por cuatro años.
Los vocales implicados en este proceso son Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco y Vielka Párraga. Estos consejeros, quienes fueron denominados «los candidatos de la liga azul», son cercanos al movimiento político Revolución Ciudadana (RC), y fueron promovidos en la campaña electoral de febrero de 2023 por el exmandatario Rafael Correa, a través de plataformas digitales. Este hecho contravino la normativa constitucional y legal que prohíbe el proselitismo político en favor de los candidatos a ser vocales del CPCCS, un derecho exclusivo del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En septiembre de 2024, un juez de primera instancia, Fernando Muñoz, falló a favor de la destitución de los cuatro consejeros, considerando que habían incurrido en una infracción electoral grave al hacer proselitismo político y al incumplir las disposiciones del CNE. Esta infracción, prevista en el artículo 279 del Código de la Democracia, les valió la sanción que incluía la pérdida de sus cargos. Además, se les impuso una multa de 70 salarios básicos y se suspendieron sus derechos de participación en futuras elecciones por un periodo de cuatro años.
Sin embargo, los consejeros presentaron varios recursos de recusación, intentando retrasar el proceso judicial al impugnar a los jueces principales y suplentes que integraban el pleno del TCE. En la sesión de este 17 de enero, los jueces informaron que la recusación presentada por los vocales no fue aceptada y que la participación de conjueces era necesaria para dar continuidad al caso. El TCE seguirá el procedimiento establecido por su normativa interna y elegirá a los conjueces mediante un sorteo, para resolver este asunto de última instancia.
En cuanto a los recursos de apelación presentados por los procesados, el juez Guillermo Ortega, ponente del proyecto de sentencia, admitió su tramitación y se prepara para analizar si estos recursos serán aceptados o si, por el contrario, se ratificará la destitución de los vocales del CPCCS. El fallo que emita el TCE será definitivo, ya que no se podrán interponer otros recursos, salvo los de aclaración y ampliación.
El desenlace de este caso tiene gran relevancia, ya que podría sentar un precedente importante en la lucha contra el proselitismo político ilegal y la corrupción en las instituciones públicas de Ecuador, especialmente en el CPCCS, órgano encargado de garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país.
