La Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia de primer nivel contra Yoselin Viviana P. H. y José Gregorio A. G., quienes fueron hallados culpables de un asesinato y una tentativa de asesinato ocurridos en Quito en 2023. El caso se resolvió gracias a un testimonio clave y pruebas cruciales que vincularon a los acusados con el crimen.
Según el testimonio de un sobreviviente, el 6 de agosto de 2023, los acusados participaron en un ataque que resultó en la muerte de un hombre y un adolescente de 16 años, además de la tentativa de asesinato de una tercera víctima, quien logró sobrevivir. En su relato, el joven sobreviviente identificó a Yoselin y José como los responsables del secuestro y ataque.
El testigo explicó que fue obligado, junto con las otras víctimas, a subir a una camioneta que los trasladó desde El Inca hasta Guápulo, un sector de Quito. Una vez allí, fueron forzados a arrodillarse, momento en el cual dos de las víctimas fueron ejecutadas. La tercera víctima, herida de gravedad por un disparo en la espalda, logró sobrevivir al fingir estar muerta. Posteriormente, pidió ayuda y su testimonio fue fundamental para el desarrollo de la investigación policial.
En la investigación, se realizó una pericia de microscopía que reveló la presencia de residuos de pólvora en la mano de Yoselin Viviana P. H., lo que reforzó las acusaciones en su contra. A pesar de los intentos de defensa de los acusados, quienes argumentaron falta de motivación en la sentencia de primer nivel y la existencia de dudas razonables, la Corte desestimó sus alegatos.
La sentencia fue ratificada en su totalidad, lo que implicó una condena de 34 años y 8 meses de privación de libertad para los acusados. Además, se les impuso una multa de mil salarios básicos unificados y una reparación integral de 10.000 dólares a los familiares de las víctimas mortales. A la víctima sobreviviente se le otorgó una compensación adicional de 5.000 dólares por los daños sufridos.
Los procesados fueron sentenciados como coautores del delito de asesinato, de acuerdo con el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece las penas para quienes coloquen a la víctima en una situación de indefensión o vulnerabilidad. Además, al haber un sobreviviente, también fueron acusados de tentativa de asesinato.
Este caso subraya la importancia de las pruebas de microscopía y los testimonios anticipados en la resolución de crímenes, y refuerza la postura de la Fiscalía de que, en situaciones como esta, la justicia debe garantizar que los culpables reciban una sanción proporcional a sus actos.
