El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha reformado el reglamento para la selección de un nuevo fiscal general, pero las modificaciones han generado controversias por errores que podrían afectar la transparencia del proceso. Esta selección se llevará a cabo mediante un concurso público que evaluará méritos, oposición e impugnaciones, como parte de un sistema que busca asegurar la integridad de la Fiscalía General del Estado.
Las reformas fueron aprobadas por el pleno del CPCCS y tienen como objetivo reemplazar a Diana Salazar Méndez, cuya gestión finaliza el 8 de abril de 2025. Sin embargo, la eliminación de una acción afirmativa que otorgaba un punto a los candidatos de 30 años, realizada sin discusión, ha levantado preocupaciones entre diversos sectores de la sociedad civil.
Según Santiago Peñaherrera, exfuncionario del Consejo de la Judicatura y actual coordinador jurídico del CPCCS, se ha hecho un esfuerzo por corregir el documento para minimizar la discrecionalidad en la selección. “Hemos ajustado las normas para que descalificar a un postulante requiera evidencias claras”, señaló.
Dentro de los cambios más destacados está el artículo 22, que prohíbe la participación de personas que se encuentren procesadas o llamadas a juicio por delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Adicionalmente, el numeral 20 establece que no podrán participar aquellos que hayan sido condenados por delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). También se introdujo una restricción para abogados en libre ejercicio que hayan defendido a personas vinculadas a organizaciones criminales.
A pesar de estas reformas, Bonifaz López, una de las vocales del CPCCS, expresó su preocupación por los vicios formales presentes en el reglamento, advirtiendo que podrían «deslegitimar» el proceso de selección. “No hay voluntad para realizar un concurso ético”, afirmó. Además, sugirió que la prohibición en el numeral 20 debería especificar que se aplica a aquellos abogados que han defendido de manera reiterada casos relacionados con el crimen organizado.
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, defendió las reformas, argumentando que priorizan la participación ciudadana y facilitan la impugnación de candidatos. “Estos lineamientos aseguran que quien asuma la Fiscalía tenga la capacidad técnica y ética necesarias”, afirmó, destacando la importancia de una correcta designación para el mantenimiento de la democracia.
El proceso de selección contempla que los postulantes sean calificados sobre un total de 100 puntos, con 50 puntos para méritos y 50 puntos distribuidos entre exámenes escritos y orales. Sin embargo, se ha detectado un error en el reglamento, ya que la suma de los puntajes de méritos es de 52, cuando debería ser de 50. El examen escrito constará de 3,000 preguntas de opción múltiple, con un enfoque predominante en derecho penal y procesal penal.
Las reformas al reglamento se hicieron efectivas el 28 de septiembre en una sesión extraordinaria del CPCCS, y su publicación está pendiente. A medida que avanza el proceso de selección, las críticas sobre su validez y transparencia continúan planteándose.
