En la cordillera donde nacen las fuentes de agua que abastecen a Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, el daño causado por la minería ilegal es profundo y devastador. Este fenómeno ha arrasado hectáreas de selva y ha contaminado el suelo con mercurio en su búsqueda de oro, afectando gravemente los ecosistemas de la región. Las autoridades colombianas ahora están luchando para restaurar el equilibrio natural del área, que está considerada uno de los pulmones ecológicos más importantes del país.
El Parque Nacional Natural Los Farallones, creado en 1968, alberga una biodiversidad única, pero ha sufrido severos daños debido a la fiebre del oro. La minería ilegal en la región, que ha estado activa por más de 50 años, ha dejado huellas difíciles de borrar. Como señalan los guardabosques, la minería ilegal en la zona se ha convertido en «el cáncer de la montaña».
Las minas se encuentran en zonas de difícil acceso, a más de 3.000 metros de altura. Para llegar a los primeros socavones, es necesario caminar durante más de nueve horas entre densa vegetación, cruzar cañadas y subir empinadas pendientes que agotan a cualquier persona. A pesar de lo escarpado del terreno, los mineros encontraron formas de penetrar la montaña con mulas y hasta llegaron a formar comunidades enteras dedicadas a la extracción de oro, donde el oro era la única ley.
El origen de la minería en la zona se remonta al siglo pasado, cuando un ciudadano alemán identificó el potencial aurífero de los Farallones. Desde entonces, la actividad se ha expandido y se ha descontrolado, con toneladas de mercurio vertidas en la cordillera. Este metal pesado, utilizado para extraer el oro, ha contaminado irreversiblemente los ríos y los suelos cercanos.
A lo largo de 2023, la minería ilegal en esta región generó 159.000 millones de pesos (aproximadamente 36 millones de dólares) en ganancias, y se estima que se vertieron más de una tonelada de mercurio en la montaña. Este daño ha llevado a las autoridades a unirse en una alianza para detener la minería ilegal y proteger las fuentes de agua que abastecen a Cali.
El Ministerio de Ambiente, junto con la Policía, el Ejército, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, ha intensificado sus esfuerzos para erradicar esta actividad. Como parte de esta operación, han cerrado 11 minas y 27 socavones, logrando un importante avance en la recuperación de los ecosistemas.
Las minas ilegales en la región, como ‘El Paisa’ y ‘El Feo’, fueron algunas de las más grandes en el suroeste de Colombia. En estos lugares, los mineros imponían su propia ley, y todo, desde comida hasta servicios, se intercambiaba por oro. Las condiciones de trabajo eran extremadamente duras, con más de mil personas trabajando en ambientes insalubres y peligrosos. La presencia de basuras y residuos, como botellas de licor, latas de cerveza y empaques de frituras, ha dejado huellas visibles de la contaminación.
La última fase de la operación consistió en destruir los socavones de la mina ‘El Paisa’ mediante explosiones controladas. Para evitar que las minas sean reabiertas en el futuro, los expertos utilizaron técnicas de demolición precisas, utilizando anfo e indugel para fragmentar las rocas y colapsar las estructuras mineras.
A pesar de este avance, las autoridades recalcan que las operaciones continuarán. El subsecretario de Seguridad de Cali, Álvaro Pretelt, subrayó que la lucha contra la minería ilegal es esencial para la preservación de los recursos hídricos de la ciudad y de la naturaleza en general. «No podemos esperar más, esta es una lucha por el futuro de todos», afirmó.
El esfuerzo para restaurar el Parque Nacional Farallones es un ejemplo del compromiso de Cali y sus autoridades con la preservación ambiental. Con el cierre de las minas ilegales y la implementación de estrategias de protección más estrictas, las autoridades colombianas esperan devolver la vida y la salud a una de las zonas naturales más importantes del país.
