En medio de una creciente preocupación por la seguridad ciudadana, el Concejo Metropolitano de Quito realizó un exhorto formal al Gobierno Nacional para incrementar la presencia policial en calles y barrios, especialmente en los sectores más afectados del sur de la ciudad. La solicitud fue emitida durante la sesión del martes 17 de junio, tras conocerse cifras alarmantes sobre el incremento del 30 % en los homicidios registrados en lo que va del año 2025.
Barrios como Solanda, Quitumbe, Guamaní y La Lucha de los Pobres encabezan la lista de zonas con mayores reportes de delitos. Robos, extorsiones y asesinatos son parte del día a día de los moradores, según los informes presentados por la Policía Nacional.
Durante su intervención, Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del Municipio, expuso que en 2023 y 2024 se destinaron 12 millones de dólares para fortalecer el equipamiento policial en la capital. “Esta inversión ha permitido la entrega de 134 patrulleros, 202 motocicletas, escáneres vehiculares, software forense y otros equipos tecnológicos de vigilancia e inteligencia”, detalló.
La funcionaria también señaló que esta estrategia municipal ha tenido resultados visibles en ciertos sectores. Según sus declaraciones, la tasa de homicidios en Quito descendió de 10 a 8 por cada 100.000 habitantes en el último año. Sin embargo, advirtió que la evolución de la criminalidad en 2025 indica una preocupante tendencia al alza.
Los concejales que participaron en la sesión coincidieron en que el problema de seguridad no puede ser enfrentado únicamente con recursos locales. “Pedimos al Gobierno que intervenga con fuerza, que refuerce el patrullaje y la presencia operativa en las zonas más conflictivas”, declaró uno de los ediles.
Asimismo, se propuso intensificar los operativos de inteligencia, fortalecer el control en puntos críticos y ampliar el sistema de videovigilancia. También se pidió una coordinación más fluida entre Policía, Municipio y comunidad.
La Secretaría de Seguridad anunció que presentará en los próximos días una hoja de ruta con acciones de respuesta rápida en las parroquias más afectadas. El objetivo es devolver la tranquilidad a las familias quiteñas que viven bajo el temor diario de la violencia.
