Pedro (nombre protegido) tiene 28 años y una historia marcada por la violencia familiar y la drogadicción desde muy pequeño. Recuerda que a los 9 años descubrió que el humo que llenaba su casa no era solo un mal olor común, sino droga. Su padre consumía marihuana y base de cocaína en la humilde vivienda de caña donde vivían, en un barrio del noroeste de Guayaquil. “Mi papá era alcohólico y drogadicto. Nunca me dijo que lo que hacía estaba mal. Vivía en su mundo y yo en el mío”, cuenta Pedro.
El silencio y el abandono fueron constantes en su hogar, donde el consumo de sustancias psicoactivas se normalizó a una edad en la que debería haberse protegido a un niño. Este ambiente afectó profundamente a Pedro, quien años más tarde también empezó a consumir drogas y a involucrarse en actividades delictivas desde antes de cumplir la mayoría de edad. “A los 16 años herí a alguien”, confiesa con sinceridad.
La historia de Pedro es un reflejo de un problema social que ha impulsado una reforma en Ecuador. El pasado martes, la mayoría afín al régimen de Daniel Noboa aprobó modificaciones importantes al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA) y al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Estas reformas buscan endurecer las penas para adolescentes que cometen delitos, duplicando la sanción máxima para los menores infractores, con el objetivo de reducir la reincidencia y proteger a la sociedad.
El ministro del Interior y otras autoridades han destacado que estas reformas buscan no solo castigar, sino también ofrecer programas de rehabilitación y reinserción para jóvenes en conflicto con la ley. Sin embargo, el caso de Pedro evidencia que muchas veces la raíz del problema está en el entorno familiar y social que rodea a estos adolescentes.
Datos oficiales señalan que un porcentaje significativo de menores infractores proviene de hogares donde la violencia, el abandono y el consumo de drogas son frecuentes. Por eso, además de endurecer penas, se requieren políticas integrales que aborden la prevención y la atención temprana, enfocándose en la educación, la salud mental y la protección infantil.
Pedro reconoce que estar en la cárcel fue para él un proceso de “perfeccionamiento del delito”. “Allí aprendí a delinquir mejor, porque nadie me ayudó a cambiar”, admite. Este testimonio subraya la necesidad de un sistema judicial y social que trabaje en la rehabilitación efectiva de los jóvenes, para evitar que vuelvan a las calles con un historial delictivo más grave.
En definitiva, la nueva legislación representa un paso importante para enfrentar la delincuencia juvenil, pero debe ir acompañada de estrategias que eviten la reproducción del ciclo de violencia y adicciones en el futuro.
