Un reciente pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sugiere que los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) podrían continuar en sus cargos más allá del 20 de noviembre, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) complete el proceso de selección de sus reemplazos. Esta información se deriva de una consulta realizada por el superintendente de Compañías saliente, Marco López Narváez.
El 14 de agosto de 2024, López planteó la duda sobre su permanencia en el cargo, ya que su periodo de cinco años finalizó el 30 de marzo. La Procuraduría aclaró que, según la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), los funcionarios designados para un periodo fijo deben permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazados, a menos que se trate de personal de nivel jerárquico superior, que tiene la obligación de no separarse hasta la designación de su sucesor.
Esto implica que, dado el reglamento de la Losep, el superintendente debe permanecer en el cargo hasta que el Consejo designe a su sucesor y este sea posesionado en la Asamblea Nacional. Este principio ha sido respaldado por pronunciamientos anteriores de la Procuraduría en 2017 y 2020, que se referían a la prórroga de funciones para los vocales del CNE.
Nicole Bonifaz López, consejera del CPCCS, expresó que este criterio podría aplicarse a los vocales del CNE. “El procurador (Juan Carlos Larrea) ha mencionado precedentes sobre la Superintendencia, por lo que considero que esta interpretación se extendería a los miembros del CNE”, afirmó.
Sin embargo, existe preocupación dentro del CNE, dado que a menos de dos meses de que finalicen sus funciones, el CPCCS aún no ha nombrado a sus reemplazos. Esto plantea el riesgo de que, si los vocales continúan en funciones sin una institución que valide su permanencia, sus decisiones podrían ser cuestionadas, especialmente en un periodo electoral crucial en el que se están organizando las elecciones presidenciales, legislativas y de parlamentarios andinos para febrero de 2025.
El 20 de noviembre, los vocales actuales—Elena Nájera Moreira, Diana Atamaint Wamputsar, José Cabrera Zurita, Enrique Pita García y Esthela Acero Lanchimbo—concluirán sus funciones. El CPCCS no ha llevado a cabo los concursos públicos necesarios para seleccionar a sus reemplazos en dos ocasiones: en noviembre de 2021 y para este noviembre.
Desde hace casi tres años, una comisión ciudadana, conformada por diez personas, trabaja en el concurso, pero su avance se ha detenido debido a irregularidades y acciones legales. Actualmente, solo hay cinco miembros en la comisión, lo que impide la elección de un nuevo integrante en representación de la ciudadanía.
Esta situación llevó a los vocales suplentes—María Cristina Kronfle Gómez, Mónica Noriega Carrera y José Merino Abad— a proponer que los consejeros principales renuncien para permitirles dirigir las elecciones generales de 2025. Sin embargo, Bonifaz enfatizó que la Constitución establece que las autoridades son elegidas por el mismo periodo, lo que deslegitima esta propuesta.
Mientras tanto, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, aún no ha decidido cómo proceder en noviembre y no ha convocado un pleno para elegir a un nuevo miembro para la comisión ciudadana que debe renovar el CNE. Aunque se realizó un sorteo en agosto, se seleccionaron a dos personas previamente descalificadas en 2021, lo que complica aún más la situación.
