La propuesta de Power China para quedarse con el manejo de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ha causado revuelo. La oferta de 400 millones de dólares hecha por la empresa estatal china ha sido criticada por expertos y exfuncionarios, quienes aseguran que ese monto está muy por debajo de lo que realmente costaría reparar los problemas que arrastra la planta.
Fernando Santos, exministro de Energía de Ecuador, fue claro: “Esa cifra es muy baja, considerando los daños que tiene la hidroeléctrica”. Y es que Coca Codo Sinclair, inaugurada hace más de una década como la mayor central hidroeléctrica del país, enfrenta fallas graves. Se han detectado fisuras en sus estructuras, problemas en las turbinas y deficiencias en su sistema hidráulico, lo que ha provocado cortes constantes en su funcionamiento.
Según informes técnicos, solo las reparaciones estructurales superarían los 800 millones de dólares, sin contar los ajustes necesarios en equipos ni los costos operativos futuros. Aun así, hasta ahora no se ha hecho público un informe completo que respalde la oferta ni un análisis oficial que justifique aceptar esa propuesta.
Varios sectores exigen más transparencia. Organizaciones sociales, medios y analistas han pedido que el Gobierno publique los estudios de debida diligencia, detalles de la negociación y auditorías independientes antes de tomar una decisión. Pero el Ministerio de Energía no ha entregado cronogramas ni ha dado una respuesta clara sobre cómo se lleva el proceso.
Santos advierte que, sin información abierta, “la ciudadanía no puede saber si se están defendiendo los intereses del país”. También alerta que un acuerdo sin suficiente claridad podría poner en riesgo la soberanía energética de Ecuador, especialmente si se entrega el control de una infraestructura clave a una empresa extranjera sin garantías técnicas ni financieras sólidas.
Hoy, Coca Codo Sinclair representa una inversión original de alrededor de 1.800 millones de dólares. La oferta china representa menos del 25 % de lo que costaría solo ponerla en condiciones aceptables. Por eso, el tema no es solo financiero: también está en juego el futuro energético del país y la forma en que se toman decisiones sobre recursos estratégicos.
