En Zamora Chinchipe, sur de la Amazonía ecuatoriana, un agente policial fue arrestado por la sustracción de una importante cantidad de oro —valorada en aproximadamente $250 000— que estaba almacenada en las bodegas de la Policía Judicial local. El comandante subrogante Juan Rojas informó que el hurto del material ocurrió hace cerca de ocho días, durante un traslado interno del producto.
La carga había sido previamente incautada en un operativo realizado en mayo en el sector La Pista, en Cumbaratza. Ahora, elementos claves del caso son revisados por la Fiscalía, que ha iniciado una investigación completa no solo para identificar los métodos utilizados en el robo, sino también para determinar posibles complicidades dentro de la institución.
“El agente fue detenido en el marco de las indagaciones, y continúa bajo custodia mientras avanzan las pesquisas”, detalló Rojas, quien no descartó la posibilidad de nuevas detenciones. Su intervención también busca devolver la confianza en los cuerpos de seguridad, especialmente tras la revelación de este hecho grave.
El hallazgo del robo ha generado preocupación entre la comunidad y ha movilizado a las autoridades para reforzar los controles internos. En 2025, los registros oficiales indican que la Policía Judicial en esa región incautó al menos cinco cargamentos de metales preciosos y sustancias ilícitas, sumando un valor estimado superior a $1 millón. Este caso —el primero conocido de malversación interna en la bodega judicial— ha abierto un debate público sobre la seguridad en los procesos de resguardo y custodia de evidencias.
El comandante Rojas enfatizó la necesidad de fortalecer los procedimientos de control, proponiendo instaurar inventarios digitales, mejorar los sistemas de videovigilancia internos y aplicar mecanismos rotativos de responsabilidad. Asimismo, se contempla la realización de auditorías externas periódicas para prevenir actos de corrupción similares que afecten la credibilidad de la institución.
Este suceso pone en evidencia la problemática de la corrupción desde adentro del sistema de justicia, y plantea el reto de garantizar vigilancia estricta en todas las fases del manejo de evidencia criminal. La Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía y el Ministerio del Interior, busca restaurar la transparencia y evitar que casos como este comprometan futuras operativos y decomisos.
