El primer debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, presentado con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa, desató un intenso intercambio de posturas en la Asamblea Nacional este martes 14 de octubre. La propuesta plantea beneficios tributarios a las personas o empresas que realicen donaciones a favor de la fuerza pública, lo que generó críticas y respaldos entre los legisladores.
El pleno discutió el texto aprobado previamente por la Comisión de Desarrollo Económico, instancia presidida por el asambleísta oficialista Diego Franco (ADN). Este proyecto retoma parte del contenido de la anterior Ley de Solidaridad Nacional, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional (CC).
Franco defendió la iniciativa señalando que el objetivo central es “respaldar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado”. Añadió que la normativa “establece un marco jurídico claro, eficiente y transparente que permitirá al sector privado y a organismos multilaterales canalizar donaciones en bienes, equipos, infraestructura y tecnología”.
“Este proyecto de ley no es un capricho del presidente ni del Ejecutivo, es justicia para el Ecuador”, enfatizó Franco durante su intervención.
Sin embargo, desde la oposición surgieron objeciones. Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), coincidió en la necesidad de fortalecer a las fuerzas del orden, pero advirtió que las donaciones con beneficios tributarios podrían convertirse en una vía para evadir impuestos.
“El título se escucha bien y la intención es buena, pero en lo técnico no resulta conveniente. El verdadero apoyo a la fuerza pública debe reflejarse en una correcta ejecución del Presupuesto General del Estado”, subrayó Vera.
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), la legisladora Paola Cabezas expresó su rechazo a la propuesta, al considerar que “busca vender la idea de que la seguridad se financia con donaciones privadas y caridad empresarial”.
“La seguridad no es un favor ni una donación, sino una obligación del Estado. Con este proyecto se intenta reintroducir por la ventana lo que la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional”, cuestionó Cabezas.
En la misma línea, Mariana Yumbay, de Pachakutik, alertó que la aprobación de esta normativa podría “afectar la recaudación tributaria y poner en riesgo la estabilidad fiscal, beneficiando principalmente a los grandes contribuyentes”.
“Se estaría creando fondos especiales de equipamiento sin control ni auditoría externa, lo que contradice los principios de transparencia del gasto público”, añadió la legisladora.
Por otro lado, el asambleísta Sergio Peña, quien se apartó del correísmo y actualmente es aliado del oficialismo, defendió que los incentivos tributarios “no constituyen una dádiva”, sino un mecanismo legítimo para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden.
Durante el debate también se abordó el rol de la Policía y las Fuerzas Armadas en el actual paro nacional, que cumple 23 días de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. El oficialismo respaldó el accionar de los uniformados y condenó los bloqueos y actos violentos, mientras que la oposición denunció los excesos en la represión de las manifestaciones.
Tras el cierre del primer debate, el proyecto regresará a la Comisión de Desarrollo Económico, que deberá incorporar las observaciones planteadas y elaborar el informe para el segundo y definitivo debate en el pleno.
