El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó, por unanimidad, los informes técnicos y finales de la veeduría ciudadana encargada de supervisar el cumplimiento del mandato popular de la consulta del 20 de agosto de 2023, que ordenó mantener bajo tierra el petróleo del bloque 43, conocido como Yasuní ITT.
Durante la sesión ordinaria del 5 de noviembre de 2025, el CPCCS acogió las conclusiones y recomendaciones del informe, el cual señala que persisten incumplimientos estructurales y sustanciales tanto del mandato ciudadano como del dictamen emitido por la Corte Constitucional. Entre los principales puntos observados figuran la ausencia de un plan de cierre aprobado, la falta de acciones de remediación ambiental y deficiencias en la transparencia informativa de las entidades responsables.
El documento advierte que estos incumplimientos vulneran la voluntad popular, los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas, incluidos aquellos en aislamiento voluntario (PIAV).
El colectivo Yasunidos, impulsor del proceso de seguimiento, expresó su preocupación al señalar que el Gobierno de Daniel Noboa “ha optado por desconocer en la práctica el mandato popular del 20 de agosto de 2023”, al prolongar la extracción petrolera y postergar el cierre del bloque 43-ITT.
En su comunicado, Yasunidos detalló las principales observaciones del informe:
- No existe un plan oficial de cierre y abandono con cronograma y garantías financieras verificables.
- Las operaciones extractivas continúan más allá del plazo máximo de un año establecido por la Corte Constitucional.
- Se registran nuevos pasivos ambientales sin remediar.
- La información pública sobre pozos, convenios comunitarios y presupuesto ejecutado presenta opacidad e inconsistencias.
- Las instituciones encargadas de proteger derechos humanos y ambientales, como los ministerios del Ambiente y de la Mujer, además de la Defensoría del Pueblo, no han desplegado acciones suficientes.
El informe final aprobado por el CPCCS establece una hoja de ruta con obligaciones dirigidas a ocho instituciones del Estado.
Entre ellas, se dispone a la Corte Constitucional emitir un pronunciamiento público sobre los incumplimientos detectados, abrir una fase de seguimiento con audiencias que incluyan a Yasunidos, la veeduría y las comunidades afectadas, y adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de su dictamen.
A Petroecuador se le ordena presentar un plan de cierre y abandono del bloque 43 con cronograma, presupuesto y garantías, además de transparentar la información sobre derrames, pasivos ambientales y convenios con comunidades, y cesar definitivamente la producción de crudo en el Yasuní-ITT.
El Ministerio de Energía y Minas deberá coordinar las acciones interinstitucionales a través del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT, junto a las comunidades y la NAWE (Nacionalidad Waorani del Ecuador), además de promover los ajustes normativos que aseguren el abandono definitivo del bloque.
Por su parte, el Ministerio del Ambiente tendrá la tarea de reconocer los pasivos ambientales existentes, realizar auditorías independientes antes y después del cierre y publicar reportes periódicos sobre los avances del proceso.
El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo fueron exhortados a reforzar las medidas de protección, reparación y vigilancia de derechos humanos en favor de las comunidades amazónicas y los pueblos indígenas en aislamiento.
Finalmente, el CPCCS dispone que la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado activen comisiones de fiscalización y auditorías sobre el proceso de cierre y remediación del bloque 43, con audiencias públicas y sanciones en caso de incumplimiento.
A más de dos años de la consulta popular, colectivos sociales, ambientalistas y organizaciones indígenas reiteran su llamado al Estado ecuatoriano para que respete la voluntad ciudadana y cumpla con la protección integral del Yasuní, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.
