El expresidente Lenín Moreno, junto con su círculo familiar y de amistad, está a punto de enfrentar una audiencia preparatoria de juicio en el caso Sinohydro. Esta audiencia está programada para el 16 de septiembre de 2024 bajo la supervisión del conjuez Manuel Cabrera, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El proceso involucra a 25 acusados, incluyendo a Moreno, dos de sus hermanos, su esposa y una hija, todos acusados de cohecho en relación con el caso Sinohydro.
La investigación del caso comenzó en marzo de 2019 y, tras varios años de indagaciones, en marzo de 2023 se procesó a 37 personas inicialmente, a las que luego se sumaron tres más. El caso se centra en supuestos actos de cohecho relacionados con la contratación de la empresa china Sinohydro para el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, una obra emblemática del gobierno de Rafael Correa que costó más de $2,000 millones. En ese contexto, Conto Patiño, cercano a Moreno, y Cai Runguo, exembajador de China en Ecuador, están entre los acusados.
La fiscal general Diana Salazar anunció que, de las 40 personas investigadas, solo 25 serán formalmente acusadas por su presunta participación en una red de sobornos. Estos sobornos habrían beneficiado a Sinohydro en la adjudicación del contrato para la construcción de la hidroeléctrica, con pagos de coimas que ascenderían a $76 millones a través de terceros y contratos falsos de consultoría.
En la lista de acusados figuran Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, y sus hermanos Edwin y Guillermo Moreno Garcés. También se encuentran Conto Patiño y su familia, así como Priscila Burneo y Xavier Macías Carmigniani. La mayoría de los implicados están fuera del país o bajo medidas alternativas a la prisión, y el delito de cohecho puede ser juzgado en ausencia.
Desde enero de 2022, Moreno y su esposa residen en Paraguay, donde deben presentarse mensualmente en la embajada ecuatoriana en Asunción. Sin embargo, debido a problemas de salud, Moreno ha cumplido con estas obligaciones de forma telemática. La audiencia ha sido retrasada por solicitudes repetidas de las defensas y por la rotación de jueces en la Corte Nacional.
El artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que los servidores públicos que acepten o reciban sobornos deben enfrentarse a penas de prisión de tres a cinco años. Si el soborno está relacionado con la realización o la omisión de actos oficiales, la pena puede aumentar a cinco o siete años. En caso de que el soborno sea para la comisión de otro delito, la pena puede llegar a diez años.
