La Pastoral por la Vida de la Arquidiócesis de Guayaquil emitió un comunicado público en el que exige al Ministerio de Educación derogar el “Protocolo de acompañamiento de niñas, niños y adolescentes para el reconocimiento de la identidad de género en la comunidad educativa”, en vigor desde el 27 de octubre de 2025, tras su publicación en el Registro Oficial.
El documento, creado en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional del 24 de noviembre de 2024, surgió a partir de una acción extraordinaria de protección en favor de una menor de cinco años discriminada en una escuela de Santa Elena por expresar una identidad de género distinta a su sexo biológico.
Entre sus disposiciones, el protocolo establece que las instituciones educativas deben garantizar el uso del “nombre social” de los estudiantes que lo soliciten, asegurar baños seguros e inclusivos y uniformes de uso igualitario, medidas que el Ministerio describe como parte de una política educativa basada en la inclusión y el respeto.
Sin embargo, la Pastoral por la Vida considera que la normativa “atenta contra la familia, núcleo esencial de la sociedad, al vulnerar el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios y creencias”. En su pronunciamiento, el organismo eclesiástico califica a la Corte Constitucional como “activista” y acusa a las entidades públicas de “desvirtuar los valores familiares protegidos por la Constitución del Ecuador”.
La Pastoral también advierte que el protocolo representa “amenazas graves para el entorno educativo”, al considerar que confunde conceptos sobre la identidad de los menores, afecta su desarrollo emocional y restringe la libertad de los padres para expresar su postura frente a estas disposiciones. Además, denuncia que “impone sanciones a quienes no empleen el lenguaje exigido” y que “podría abrir espacio al adoctrinamiento en las campañas de sensibilización escolar”.
Ante ello, la institución eclesial exige que el Ministerio de Educación suspenda el protocolo vigente y redacte uno nuevo que incluya la participación de los padres de familia y actores sociales. Asimismo, solicita al presidente Daniel Noboa “mantener coherencia con su compromiso con la vida”, recordando los principios que firmó durante su campaña electoral.
Por su parte, el Ministerio de Educación ha sostenido que el documento fue elaborado en cumplimiento estricto de la sentencia de la Corte Constitucional, y que su contenido responde a un enfoque técnico, pedagógico y humanista, sin promover “ideologías de género ni agendas doctrinarias”.
Este debate refleja las tensiones entre los enfoques educativos inclusivos y los sectores conservadores que buscan mantener una educación basada en valores tradicionales. Mientras tanto, la comunidad educativa continúa a la espera de una resolución oficial sobre el futuro de este protocolo.
