La Fiscalía General del Estado presentó serias acusaciones en una audiencia realizada entre el 2 y 3 de junio de 2025, en el marco de la detención de seis personas vinculadas al círculo familiar y cercano de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la organización delictiva Los Choneros.
De acuerdo con la exposición fiscal, Verónica B., quien es identificada como la pareja sentimental de Fito, habría efectuado pagos injustificados a funcionarios públicos y a miembros de Grupos Delictivos Organizados (GDO), lo que forma parte de un presunto esquema de lavado de activos.
Transferencias detectadas por la UAFE revelan red financiera ilegal
La investigación se basa en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que detalla movimientos sospechosos por un total de $2′407.594,73 realizados entre 2016 y 2023.
Estas operaciones habrían sido canalizadas a través de cuentas personales de Verónica B., sin respaldo legal que justifique el origen de los fondos ni la necesidad de dichos pagos, muchos de los cuales habrían tenido como destino a servidores públicos y miembros activos de organizaciones delictivas.
Pagos apuntan a una estructura de corrupción y crimen organizado
Según la Fiscalía, estas transferencias no sólo representan movimientos financieros atípicos, sino que además sugieren un patrón de colaboración entre el entorno de Fito y actores dentro del aparato estatal, lo cual facilitaría la operación de Los Choneros desde dentro del sistema institucional.
“El dinero no se movía solo para lavar activos, sino también para comprar voluntades dentro y fuera del Estado”, señaló un fiscal durante la audiencia, indicando que las autoridades ya investigan la identidad y rol de los receptores.
Capturas y acciones judiciales en tres provincias
Las detenciones de seis personas vinculadas a Fito, incluida Verónica B., se ejecutaron de forma simultánea en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha. Todas ellas enfrentan cargos por lavado de activos, asociación ilícita y posible participación en delincuencia organizada.
En paralelo, se han iniciado procesos de incautación de bienes que incluyen inmuebles, vehículos de alta gama y dinero en efectivo, adquiridos presuntamente con recursos de origen ilícito.
Un nuevo frente en la lucha contra el crimen organizado
Este caso expone la capacidad de las bandas criminales como Los Choneros para infiltrar instituciones mediante sobornos y vínculos financieros con funcionarios. La Fiscalía ha declarado que continuará desmantelando la red que facilitó estos pagos ilegales, en una estrategia para cortar los nexos entre el crimen organizado y la corrupción estatal.
