El gobierno de Daniel Noboa ha reafirmado su compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), apostando por la continuidad del Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) firmado en mayo de 2024. Este convenio habilita un crédito de 4.000 millones de dólares para Ecuador, distribuido en un período de 48 meses. Sin embargo, el costo de esta decisión podría ser alto: nuevos recortes, reformas estructurales y un mayor peso de la deuda pública comprometen el desarrollo nacional a largo plazo.
Ecuador entre los más endeudados con el FMI
Entre 2017 y 2024, Ecuador se convirtió en el cuarto país con mayor nivel de endeudamiento con el FMI a nivel mundial. Actualmente, la deuda pública consolidada equivale al 70% del PIB, una cifra alarmante en un país con una economía dolarizada que muestra síntomas de recesión desde hace varios años. En este contexto, los pagos de capital e intereses limitan cada vez más el margen de maniobra para implementar políticas fiscales expansivas o sociales.
Este modelo financiero, que prioriza el cumplimiento de obligaciones externas, debilita la capacidad del Estado para diseñar una estrategia de crecimiento sostenible. Como resultado, cualquier gobierno que asuma en los próximos años enfrentará un margen fiscal mínimo y una población cada vez más vulnerable frente a las condiciones impuestas por los organismos multilaterales.
Condicionamientos del SAF 2024: ajustes estructurales sin rostro social
El Acuerdo SAF implica compromisos claros que el gobierno de Noboa ha comenzado a implementar, aunque no todos se han cumplido aún. Entre los puntos pendientes se encuentran:
- La eliminación de subsidios a combustibles y tarifas eléctricas
- Una reforma tributaria orientada a incrementar la recaudación
- La reestructuración y “eficiencia” de empresas públicas clave como CNEL, CNT y Petroecuador
Estas medidas reflejan una política económica de corte procíclico, que busca “ordenar la casa” a través de la austeridad, siguiendo el guion aplicado en América Latina durante las décadas de 1980 y 1990. El problema es que esos ajustes no garantizaron mejoras estructurales, sino que profundizaron la desigualdad y el estancamiento económico, dando origen al término “décadas perdidas”.
Un modelo que repite errores del pasado
La actual estrategia económica del gobierno ecuatoriano revive un enfoque centrado en el mercado, donde el papel del Estado se limita a facilitar el consumo a través de transferencias para los sectores más pobres. Pero esta visión ignora las barreras estructurales que enfrentan millones de ecuatorianos para acceder a oportunidades reales. Sin políticas industriales, de empleo y educación, el desarrollo sostenible sigue siendo un horizonte lejano.
Esta visión tecnocrática y externa, sin conexión con una agenda nacional de transformación, no solo aleja al país de una reactivación sólida, sino que incrementa el riesgo de conflictividad social. La violencia, la pobreza y la frustración ciudadana se alimentan de modelos económicos que no priorizan a las personas, sino a los números.
Conclusión: ¿otro ciclo de deuda sin salida?
La apuesta de Noboa por continuar con los lineamientos del FMI, sin ofrecer alternativas propias ni construir un equipo técnico con visión soberana, podría conducir a Ecuador a repetir ciclos de crisis ya vividos. Si bien el financiamiento externo parece una solución inmediata, sus condicionamientos socavan la autonomía económica y limitan el futuro del país.
