El tráfico ilegal de combustible continúa siendo una de las principales amenazas para la seguridad nacional en Ecuador. En lo que va del 2025, las autoridades han intensificado los controles y decomisos, alcanzando cifras históricas que golpean directamente las finanzas de las organizaciones criminales que operan en el país.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Energía, entre septiembre y octubre se realizaron más de 2.700 operativos en todo el territorio nacional, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar el abastecimiento y frenar el comercio ilegal de derivados.
Uno de los decomisos más recientes ocurrió el 29 de octubre, cuando las Fuerzas Armadas interceptaron un vehículo tipo vacuum en el puente sobre el río Aguarico, en la provincia de Sucumbíos. El conductor abandonó el automotor al notar la presencia militar, y tras el registro se confirmó que transportaba 5.500 galones de gasolina blanca, los cuales fueron incautados. Las autoridades iniciaron los procesos legales correspondientes.
La Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos de la Policía Nacional informó que, entre el 13 de septiembre y el 26 de octubre, se ejecutaron 66 operativos en ocho provincias, logrando la retención de más de 190.000 galones de diésel y gasolina, además de 182 tanques de gas licuado de petróleo (GLP).
Estos resultados se suman a los operativos previos del Ministerio de Defensa, que reportó que las Fuerzas Armadas duplicaron el impacto a las mafias de contrabando tras la eliminación del subsidio al diésel. Solo en septiembre se decomisaron 102.311 galones de combustible, frente a los 85.758 de agosto, un incremento del 19 % mensual. En comparación con septiembre de 2024, cuando se incautaron 31.195 galones, el aumento fue de 228 %, generando pérdidas para las redes criminales estimadas en más de 512.000 dólares.
A nivel anual, hasta el 16 de octubre de 2025, las Fuerzas Armadas habían decomisado 1′067.644 galones de combustibles, entre diésel, gasolina y otros derivados, lo que representa un impacto económico de aproximadamente 22,3 millones de dólares a las estructuras delictivas.
Las zonas con mayor número de incautaciones son Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Sucumbíos, Manabí y El Oro, donde los militares mantienen operativos permanentes de control e inteligencia. Los tramos más vulnerables de los poliductos, como los que conectan La Concordia con Santo Domingo y Shushufindi con Orellana, permanecen bajo estricta vigilancia militar.
En declaraciones de septiembre, la viceministra de Hidrocarburos, María Daniela Conde, comparó la situación actual de Ecuador con la que vivió Colombia en los años 90, al pasar de prácticas artesanales de pinchazos a una “ingeniería de contrabando” altamente sofisticada. “Hemos experimentado en el último año 300 millones de dólares en pérdidas por los pinchazos de estas mafias vinculadas a la minería ilegal y el narcotráfico”, afirmó.
El año pasado, la Unidad de Delitos Hidrocarburíferos reportó el decomiso de 810.440 galones de combustible y 1.822 tanques de gas licuado, cifras que ahora han sido superadas ampliamente en 2025, confirmando el incremento sostenido de estas operaciones.
Con estos resultados, las autoridades buscan reforzar el control energético, frenar la economía ilícita y desarticular las redes que operan dentro y fuera del país, en un contexto donde el tráfico de combustible ya es considerado la tercera amenaza más grave para el Estado ecuatoriano, junto al narcotráfico y la minería ilegal.
