La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) ha emitido un comunicado urgente en el que un grupo de relatores y expertos en derechos humanos expresa su creciente preocupación por la situación del bloque 43 o campo ITT, situado en el parque nacional Yasuní. Esta preocupación surge al cumplirse un año desde la consulta popular del 20 de agosto de 2023, en la que la mayoría de los ecuatorianos votó a favor de mantener el petróleo bajo tierra.
Los expertos, entre ellos Olivier de Schutter, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, y Astrid Puentes Riaño, relatora especial sobre el derecho a un medioambiente limpio, han señalado que el Gobierno ecuatoriano y las empresas involucradas deben aplicar con urgencia el resultado de la consulta popular. “La perforación de nuevos pozos en el parque es incompatible con la voluntad de la población. Es fundamental acelerar la transición hacia una economía más respetuosa con el medioambiente”, afirma el comunicado.
El mensaje es claro: Ecuador debe priorizar la protección del clima, del medioambiente y de las comunidades indígenas que dependen de él. Los expertos denuncian que los avances en la implementación de la consulta popular han sido demasiado lentos y advierten que cualquier retraso o desvío en el cumplimiento del mandato podría poner en riesgo tanto la integridad ambiental del país como la salud de sus procesos democráticos y los derechos humanos.
El informe resalta que, como resultado de la votación, todos los proyectos petroleros actuales y futuros deben ser detenidos y desmantelados, y se debe trabajar en la restauración del medioambiente. “El futuro del parque nacional Yasuní y de sus habitantes depende de las decisiones que se tomen ahora”, concluyen los expertos.
Aunque el bloque 43 representa un 13% de la producción petrolera de Ecuador, los expertos reconocen que cerrar la actividad en el ITT será un desafío complejo y costoso. Sin embargo, hacen un llamado al Gobierno para que cumpla con sus obligaciones legales y avance en una transición justa, buscando fuentes de financiación alternativas sin eludir la decisión del pueblo.
En el contexto de estas exigencias internacionales, Pedro Bermeo, portavoz del colectivo YASunidos, ha destacado que el pronunciamiento de los relatores especiales pone de manifiesto que el fin de la explotación petrolera en el Yasuní es una preocupación global, no solo ecuatoriana, debido a su impacto en la defensa ambiental y el respeto a la institucionalidad.
El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, declaró recientemente que el proceso de cierre del ITT podría extenderse entre tres y cinco años, según estudios preliminares. Aseguró que el Gobierno iniciará el proceso de cierre de algunos pozos en cumplimiento del mandato popular.
Además, el colectivo YASunidos ha presentado propuestas económicas a la Corte Constitucional el 20 de agosto para compensar la pérdida de ingresos del ITT y aumentar la recaudación fiscal del país, en un esfuerzo por garantizar una transición económica sostenible.
