La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y la Unesco condenaron enérgicamente el asesinato del periodista ecuatoriano Patricio Aguilar, ocurrido el 4 de marzo de 2025, en un ataque armado en Quinindé, una localidad ubicada en la provincia de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia. Ambos organismos internacionales instaron a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva y transparente sobre el crimen, al tiempo que resaltaron la importancia de garantizar la seguridad de los periodistas.
Patricio Aguilar, director del periódico comunitario El Libertador, de 54 años, fue baleado dentro de su vivienda. Su asesinato se produjo pocos días después de que reportara una serie de balaceras en el barrio donde residía. Este crimen se enmarca en el contexto de creciente violencia en Ecuador, que ha sido fuertemente golpeada por el narcotráfico y el crimen organizado, lo que ha hecho del país uno de los más peligrosos de la región.
En su comunicado, la ONU y la Unesco subrayaron que cualquier ataque contra periodistas y medios de comunicación atenta contra la libertad de expresión, un derecho fundamental en cualquier democracia. Asimismo, ambas entidades hicieron un llamado urgente a las autoridades ecuatorianas para que intensifiquen sus esfuerzos en la protección de los periodistas y refuercen las medidas para garantizar la seguridad de aquellos que ejercen la labor de informar.
El asesinato de Aguilar marca el primer homicidio de un periodista en Ecuador en los últimos dos años. Según la organización Periodistas Sin Cadenas, en 2022 tres reporteros fueron asesinados en el país, lo que refleja la creciente peligrosidad para los trabajadores de los medios de comunicación. Este trágico evento pone de relieve una crisis de seguridad cada vez más profunda, exacerbada por la violencia generada por los carteles de narcotraficantes y otros grupos criminales.
Ecuador, con una tasa de homicidios que alcanzó 38 por cada 100.000 habitantes, es ahora uno de los países más violentos de América Latina. En 2024, esta cifra se disparó, alcanzando el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que refleja la acelerada descomposición del orden social y el impacto devastador de las actividades delictivas en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La situación se agrava aún más en las zonas fronterizas como Esmeraldas, donde las disputas entre organizaciones criminales han generado un clima de violencia constante. La falta de control estatal y la presencia de grupos armados ha puesto en peligro la vida de los periodistas, quienes se ven obligados a cubrir historias relacionadas con el crimen organizado, la violencia y la corrupción sin contar con las garantías mínimas de seguridad.
Ante este panorama, la ONU y la Unesco han pedido que el asesinato de Aguilar sea tratado con la máxima prioridad por parte de las autoridades ecuatorianas, y que el caso no quede impune, lo que enviaría un mensaje claro de que la violencia contra la prensa no será tolerada. También hicieron un llamado a que se refuercen las políticas de protección y se establezcan mecanismos más efectivos para defender la labor periodística en el país.
