El reciente reglamento para la selección del Fiscal General del Estado de Ecuador, aprobado el 11 de septiembre de 2024, introduce importantes cambios en el proceso de selección, ampliando las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Sin embargo, esta normativa ha suscitado serias preocupaciones dentro del gremio de abogados debido a una prohibición que consideran restrictiva y que podría estar diseñada para favorecer ciertos perfiles.
La nueva normativa fue aprobada tras intensas discusiones entre los miembros del CPCCS. De los siete vocales del consejo, seis votaron a favor mientras que Nicole Bonifaz López se abstuvo. A pesar de la oposición inicial de Augusto Verduga Sánchez y Yadira Saltos Rivas, ambos finalmente se alinearon con la mayoría encabezada por el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni Baldeón. La normativa, que consta de 77 artículos, incluye una serie de nuevas reglas y atribuciones para el consejo durante el proceso de selección.
Una de las principales críticas proviene del gremio de abogados, liderado por Paúl Ocaña Merino, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade). Ocaña sostiene que el reglamento está diseñado para limitar la participación de abogados penalistas, quienes podrían ser excluidos por haber defendido a personas implicadas en delitos graves, como narcotráfico o terrorismo, en los últimos diez años. Según Ocaña, esto criminaliza la profesión de abogado y limita el perfil de los posibles candidatos para el cargo de fiscal.
El reglamento establece que los postulantes no deben haber recibido sanciones del Consejo de la Judicatura, tener autos de llamamiento a juicio en su contra, ni haber patrocinado a personas acusadas de ciertos delitos en la última década. Ocaña argumenta que esta restricción es inapropiada, dado que el perfil ideal para un fiscal general requiere una profunda experiencia en derecho penal, que incluye haber trabajado en casos relacionados con los delitos mencionados.
Por su parte, el constitucionalista Ismael Quintana critica la prohibición como una medida discriminatoria y confusa. Según Quintana, la Constitución exige que el fiscal general tenga conocimientos sólidos en derecho penal, pero esta prohibición contradice esa necesidad al excluir a abogados que han trabajado en casos penales complejos. Quintana también cuestiona por qué la norma no incluye otros delitos relevantes, sugiriendo que la medida podría estar sesgada en contra de ciertos profesionales.
A pesar de las críticas, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, defiende la normativa, asegurando que el reglamento permitirá la selección de la mejor autoridad para el cargo. Fantoni destaca que el proceso incluirá una fase de calificación de méritos con la ayuda de un sistema externo para asegurar la transparencia y equidad en el concurso.
El reglamento también introduce cambios en el proceso de impugnación y calificación, permitiendo a los consejeros intervenir en diversas etapas y resolver apelaciones en última instancia. Adicionalmente, se ha establecido que los candidatos puedan obtener puntos adicionales por características como ser menor de 30 años, vivir en Galápagos o en la Amazonía, o padecer una enfermedad rara.
A pesar de la aprobación, Ocaña y otros miembros del gremio de abogados planean una reunión urgente para analizar la normativa y discutir posibles acciones. Aunque la posibilidad de una demanda por inconstitucionalidad está actualmente descartada debido a los tiempos procesales, el gremio se enfocará en solicitar revisiones al CPCCS para mitigar las restricciones impuestas.
