El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha implementado un nuevo modelo de contratación pública que ha transformado la forma en que se gestionan los contratos gubernamentales, buscando agilizar los procesos, especialmente en situaciones de emergencia. A raíz de esta reforma, las contrataciones públicas de agosto de 2024 se triplicaron respecto al mes anterior, un cambio significativo impulsado por las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Reformas a la Ley de Contratación Pública
Las reformas, que fueron aprobadas en febrero de 2024, fueron parte de un paquete económico urgente enviado por el régimen de Noboa a la Asamblea Nacional para mejorar la eficiencia en la contratación pública. Entre los cambios más destacados se encuentra la introducción de la modalidad de ingeniería, procura y construcción. Esta modalidad permite que un solo proveedor se encargue de todos los aspectos del proyecto, desde los estudios iniciales hasta la ejecución final de la obra. La reforma tiene como objetivo simplificar los procedimientos y reducir los tiempos de ejecución, algo fundamental en proyectos de infraestructura y otros servicios críticos.
Antes de esta reforma, los estudios de diseño debían ser realizados por una empresa diferente a la encargada de la ejecución de la obra, para evitar conflictos de interés. Sin embargo, esta nueva modalidad busca unificar todos los pasos bajo un solo contratista, lo que, según el experto en contratación pública José Morán, es una práctica común a nivel internacional.
Aumento en las contrataciones públicas
La reforma también ha tenido un impacto en el volumen de contrataciones. Según datos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), las contrataciones públicas se incrementaron significativamente entre enero y octubre de 2024, especialmente en áreas como obra pública, compra de medicamentos y consultorías. Durante este periodo, las contrataciones en el régimen de Guillermo Lasso alcanzaron los $3.329,7 millones, lo que representa un aumento del 10,5% respecto al gobierno de Daniel Noboa, cuyo total fue de $3.014,1 millones en el mismo lapso.
Diferencias en las contrataciones de obra pública
El gobierno de Lasso destinó más recursos a obras públicas, con un gasto de $330,3 millones en proyectos como la repotenciación del Hospital Básico de Alausí y la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. En comparación, el gobierno de Noboa invirtió $276 millones en proyectos de infraestructura, destacando la Cárcel del Encuentro en Santa Elena, con un costo referencial de $51,9 millones.
Además de las diferencias en los montos invertidos, también se han observado cambios en los tipos de contratación utilizados. El gobierno de Noboa ha optado más por «otros procedimientos», una categoría que incluye emergencias, arrendamientos y adquisiciones de bienes inmuebles. De hecho, en 2024, Noboa destinó $439,3 millones en estos procedimientos, mientras que el gobierno de Lasso solo $134,2 millones.
Beneficios de la reforma
Una de las reformas clave de Noboa fue la implementación de la modalidad de ingeniería, procura y construcción, que permite consolidar todos los procesos en un solo contrato. Este modelo facilita la gestión de proyectos y permite a los contratistas asumir todos los riesgos y responsabilidades de la ejecución de las obras. Un ejemplo de su uso es la instalación de equipos termoeléctricos en Salitral (Guayas) y Quevedo (Los Ríos), que contribuyen a la generación de 80 MW de energía al Sistema Nacional Interconectado. Estos equipos llegaron al puerto de Guayaquil a finales de noviembre de 2024.
Impacto en la inversión pública
El incremento en las contrataciones y la implementación de nuevas modalidades también refleja una mayor inversión pública en áreas clave como la infraestructura, salud y energía. En particular, el gobierno de Noboa ha mostrado un enfoque en proyectos que buscan mejorar la infraestructura eléctrica y el suministro de energía, lo cual es crucial en un contexto de cortes de luz previos que afectaron al país.
Además, la ley de ahorro y monetización de recursos tiene como objetivo la lucha contra la corrupción y la optimización de los recursos para proyectos prioritarios. De esta forma, se espera que el nuevo modelo de contratación no solo acelere las obras, sino que también aumente la transparencia y la eficiencia en la ejecución de proyectos públicos.
