El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, ha devuelto a la Asamblea Nacional el proyecto de ley conocido como “ley antipillos”, un texto de carácter económico urgente que busca mejorar la recaudación a través de la lucha contra el lavado de activos. Noboa pidió que el proyecto siga su curso hacia un segundo debate, advirtiendo que, si no se le da el tratamiento correspondiente, el Gobierno responderá de acuerdo a lo que dicta la Constitución.
En un oficio enviado el 29 de noviembre de 2024, el mandatario recordó a los legisladores que, según el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los proyectos de urgencia económica solo pueden ser archivados en el segundo debate, y únicamente con el voto favorable de la mayoría absoluta. De esta forma, Noboa resolvió devolver la resolución que notificaba el archivo del proyecto de ley, después de que la Asamblea lo hubiera rechazado en su primer debate.
El pasado 27 de noviembre, la Asamblea celebró su plenaria 985, donde los bloques de oposición —Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC), Construye, Pachakutik e independientes— sumaron un total de 84 votos para archivar la iniciativa presidencial. La Asamblea argumentó que el artículo 60 de la Ley Orgánica les permitía proceder con el archivo en el primer debate.
Sin embargo, desde el Gobierno se defiende que el artículo 62 establece que un proyecto de urgencia económica solo puede ser archivado en segunda instancia, por lo que la decisión tomada en el primer debate no es válida. La respuesta del Ejecutivo resalta la importancia del tratamiento adecuado de este tipo de iniciativas en un proceso legislativo claro y dentro de los plazos establecidos.
El 30 de noviembre, el Palacio de Gobierno emitió un comunicado oficial en el que criticó la postura de la Asamblea, tachándola de “vieja política” y acusándola de tratar de frenar la “ley antipillos”. Además, el Gobierno señaló que esta decisión permitiría a los grupos narcodelictivos continuar ganando poder. El Ministerio de Gobierno insistió en que lo que está en juego no es solo un trámite legislativo, sino la seguridad del país.
El comunicado agregó que el proyecto no debe ser tratado como un asunto técnico, sino como un “ataque directo a la seguridad nacional”. En este sentido, el Gobierno advirtió que, a pesar de la resolución de la Asamblea, los plazos legales para el tratamiento de la ley antipillos siguen su curso, y el Ejecutivo tomará las decisiones necesarias en cumplimiento con la Constitución para salvaguardar la seguridad del país y evitar que las mafias continúen operando con impunidad.
Este intercambio entre el Gobierno y la Asamblea refleja la creciente polarización política en Ecuador. Mientras el presidente Noboa defiende la urgencia de implementar la ley para combatir el lavado de activos y fortalecer la seguridad, la Asamblea se mantiene firme en su decisión de archivar el proyecto en su primer debate. La disputa resalta la tensión sobre cómo abordar los retos de la seguridad en el país, y las consecuencias de las decisiones legislativas en temas clave para el futuro de la nación.
