La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el conocido caso Nene fue suspendida para mediados de noviembre luego de que Daniel Lenín R. P., uno de los procesados, cambiara de abogado a última hora. La jueza anticorrupción Karol Zambrano aceptó la solicitud de diferimiento para permitir que el acusado, investigado por oferta de tráfico de influencias, tenga tiempo para contar con una defensa de su confianza. Por ello, la audiencia se reanudará los días 13 y 14 de noviembre.
Este caso judicial también involucra a Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, quien actualmente ejerce labores diplomáticas en Turquía. Sebastián B. A. fue detenido el pasado 22 de marzo bajo cargos de oferta de tráfico de influencias, y en junio la Fiscalía identificó indicios que implicaban tanto a la vicepresidenta Abad como a su asesor, Daniel Lenín R. P., en el delito de concusión. Sin embargo, la Asamblea Nacional negó en junio la solicitud de enjuiciamiento penal contra Abad, otorgándole inmunidad, por lo que solo su asesor fue procesado en este caso.
En la audiencia inicial, la jueza Zambrano consultó al fiscal Leonardo Alarcón sobre su posición ante el cambio de defensa solicitado por la representación de Daniel Lenín R. P. Alarcón se opuso a la suspensión, argumentando que el cambio de abogado podría formar parte de una estrategia para dilatar el proceso y dificultar la búsqueda de la verdad. No obstante, la jueza Zambrano reconoció la importancia de que el acusado cuente con un abogado de confianza y decidió suspender la audiencia para darle tiempo al nuevo defensor, Paúl Lema, para preparar su intervención en la próxima cita judicial.
El caso Nene se originó tras la denuncia de Romel P., quien declaró que fue contactado por los procesados con una oferta para asumir el cargo de coordinador de Comunicación de la Vicepresidencia de Ecuador, a cambio de entregar una parte de su sueldo mensual de $3.200. Según el denunciante, inicialmente se le exigió una contribución de $2.000, la cual fue negociada a $1.500. Sin embargo, Romel P. no llegó a realizar ningún pago, ya que fue desvinculado del cargo antes de hacer efectiva su “deuda” y de retirar una garantía por $30.600 que, según su declaración, fue firmada por Francisco Sebastián B. A.
Sebastián B. A. es un abogado que ha desempeñado cargos públicos en la Defensoría Pública como director nacional de Servicios de Mediación, y en la Gobernación del Azuay, como intendente de Policía en Cuenca y Pucará. Tanto él como Daniel Lenín R. P. enfrentan cargos de oferta de tráfico de influencias, un delito contemplado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a quienes se ofrezcan a influir en otro servidor para obtener beneficios económicos o inmateriales a cambio de contribuciones o promesas indebidas.
La ley prevé una pena de tres a cinco años de prisión para quienes cometan este delito, y la sanción se agrava al máximo si el acto se produce aprovechando una situación de emergencia o estado de excepción.
